La política tiene sus bemoles y es sabido que la misma vara no existe a la hora de conveniencias partidarias, y esto sería lo que está ocurriendo con el tema de la terrible represión desatada en Jujuy contra los manifestantes que se expresaban en contra de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador, y Presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales.
Apenas conocidos los primeros datos de lo que se investiga como femicidio por la la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco, toda la dirigencia no dudó un instante en responsabilizar al gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, cargo indiscutible en contra del primer mandatario por tratarse del máximo responsable de la provincia.
Sin embargo cuando una misma situación de responsabilidad política e institucional llega a una provincia gobernada por un dirigente de Juntos por el Cambio, que además suena como posible candidato a Vice Presidente por esa fuerza política para las PASO de Agosto, la conducción de la alianza opositora, y con ella sus referentes en todo el país, pretenden despegar de toda responsabilidad a Gerardo Morales.
Para colmo, en lugar de aguardar las investigaciones de los hechos que dejaron graves heridos y costos materiales la primera reacción de radicales y dirigentes del PRO es acusar a los adversarios políticos con un documento que le da características institucionales a una actitud reñida con toda ética política.
Juntos por el Cambio intenta apuntar sus culpas hacia «el kirchnerismo», su demonio de cabecera, sin escatimar rebuscados análisis que nunca apuntan al nudo de la cuestión, la responsabilidad política e institucional de Gerardo Morales como gobernador de su provincia.
Pero son tiempos electorales y en estos parece ser que todo vale, al menos para un sector de la dirigencia de la política argentina que sólo analiza la realidad a partir de sus posibilidades electorales y si estas les indican que pueden perder o ganar una elección, lo que para ellos no es poco y parece que les fuera la vida en ello.
