El Concejo Deliberante de La Falda llevó adelante el 29 de julio una Sesión Ordinaria marcada por un fuerte cruce entre oficialismo y oposición en torno a la venta de tierras a extranjeros y sus consecuencias sobre el ambiente serrano.
Uno de los ejes centrales fue una nota de la Mesa de Derechos Humanos de La Falda, que reclama un pronunciamiento institucional ante la Cámara de Senadores contra cualquier intento de derogar la Ley Nacional N.º 26.737, la norma que limita la titularidad de tierras por parte de extranjeros. El documento advirtió que la pérdida de ese marco normativo habilitaría un proceso de acaparamiento de tierras que pondría en riesgo las cuencas de captación de agua del Valle de Punilla, esenciales para el abastecimiento de la región, y comprometería la capacidad de los municipios de planificar un desarrollo sostenible.
La oposición fue especialmente enfática en el riesgo ambiental: denunció que la flexibilización de las restricciones para el cambio de uso de suelo en áreas afectadas por incendios forestales desprotege el ecosistema de las Sierras Chicas y podría incentivar de manera indirecta la quema intencional de terrenos con fines de loteo o explotación comercial. Los concejales opositores llamaron a los vecinos a involucrarse activamente y a exigir respuestas concretas frente a lo que consideran un retroceso en la protección del territorio.
El oficialismo, en cambio, evitó pronunciarse con la misma contundencia y limitó su respuesta a un argumento formal: sostuvo que la discusión excede las facultades del Concejo mientras la normativa continúa en tratamiento en el Congreso nacional, y defendió el derecho de los extranjeros a poseer tierras en base a los artículos 20 y 25 de la Constitución, una postura que la oposición cuestionó por considerarla una forma de eludir un pronunciamiento claro.
Finalmente, el cuerpo deliberativo resolvió girar los proyectos y la nota a comisión para su estudio, dejando pendiente una definición que, según remarcó la oposición, no debería demorarse dado lo que está en juego para el ambiente y la soberanía territorial de Punilla.
