“Si una situación de esta naturaleza ocurriera dentro de nuestro propio bloque, en el mismo instante se le pediría la renuncia indeclinable”. La frase pertenece a Alejandra Ferrero y fue pronunciada hace apenas unos días, cuando el caso Ramón Flores sacudía a la Legislatura. La legisladora radical fue incluso más allá: sostuvo que los presidentes de bloque tienen una “responsabilidad política directa” sobre quienes integran sus filas y sobre aquellos a quienes “cobijan”.
Hoy, con Omar Ludueña detenido y el caso golpeando de lleno al radicalismo, aquellas palabras adquieren inevitablemente otra dimensión. En el caso Flores, la discusión no estuvo limitada a determinar si el legislador había cometido personalmente algún delito. Distintos bloques opositores sostuvieron que la gravedad de lo ocurrido en su entorno alcanzaba para discutir también su responsabilidad política y hasta su continuidad en la banca.
La UCR impulsó directamente su expulsión por indignidad. Brenda Austin y Matías Gvozdenovich defendieron públicamente la idea de que no hacía falta una imputación penal contra Flores para cuestionar su permanencia como legislador. El Frente Cívico tampoco consideró suficiente una licencia y reclamó una respuesta más severa.
Encuentro Vecinal, a través de Gerardo Grosso, pidió la suspensión y el apartamiento sin goce de sueldo mientras avanzara la investigación. La izquierda presentó una cuestión de privilegio y planteó la exclusión del legislador. Desde el PRO, Oscar Agost Carreño también sostuvo que la licencia no alcanzaba y se pronunció por la expulsión. Y Agustín Spaccesi se ubicó entre quienes rechazaron que una licencia fuera suficiente para cerrar políticamente el caso.
No todos pidieron exactamente lo mismo. Pero sí compartieron una idea: la responsabilidad política podía extenderse más allá de quien hubiera cometido materialmente un delito.
Ahora el escenario cambió
El caso Ludueña alcanza al radicalismo y coloca bajo la lupa a Ferrero, justamente una de las voces que más claramente había explicado hasta dónde debía llegar, según su criterio, la responsabilidad política dentro de un bloque. Por eso, la pregunta no alcanza solamente a la UCR.
También habrá que observar qué hacen ahora el Frente Cívico, Encuentro Vecinal, el PRO, la izquierda y Spaccesi, todos espacios que hace apenas unas semanas entendieron que el caso Flores justificaba discutir sanciones que iban desde la suspensión sin goce de sueldo hasta la expulsión.
Los casos pueden presentar diferencias y cada fuerza tendrá argumentos para explicarlas. Pero hay un antecedente político demasiado reciente para ignorarlo.
Si frente a Flores se sostuvo que no hacía falta una imputación personal para discutir responsabilidad política, indignidad, suspensión o expulsión, el caso Ludueña plantea ahora una pregunta incómoda:
¿aquellos criterios seguirán siendo los mismos cuando el problema aparece dentro de otro bloque?
Y, en el caso particular de Ferrero, hay una frase propia que vuelve inevitablemente sobre ella:
“Si una situación de esta naturaleza ocurriera dentro de nuestro propio bloque, en el mismo instante se le pediría la renuncia indeclinable”.
Ahora será el momento de saber qué alcance tenía aquella definición.
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