El Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior, que busca ampliar las facultades de las fuerzas armadas en caso de «terrorismo» e impulsará otras iniciativas en el parlamento tendientes a combatir la inseguridad.
La modificación de la Ley de Seguridad Interior implicará “permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo, una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”.
El titular de Defensa, Luis Petri, aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir “solo si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar”. “No es para delitos comunes”, aclaró.
Por otro lado, se avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal, para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos «que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas».
Se presentará también una Ley Antimafias, se trata de una norma desarrollada en Italia y aplicada en El Salvador en la que se busca penar los sucesión de hechos encadenados, que fueron planificados para cumplir con el objetivo final de las bandas criminales.
«El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo la Ministra Patricia Bullrich, y completó: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.
En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los delincuentes a los que se los impute. “Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, sostuvo.
La ministra insistió también en avanzar con la Ley de Reiterancia, aplicada en la provincia de Mendoza, en la que la reiteración del delito implicará la prisión inmediata. «Si repetis delito, vas preso. Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”, argumentó.
Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: “Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual”.
A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará “el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende”, y concluyó: «Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”.
