Los concejales de Toledo Ivana Toledo, presidenta del Concejo Deliberante, y Pablo Burgos, integrantes del bloque Vecinos Unidos, radicaron este miércoles 4 de noviembre una denuncia penal contra el intendente Sergio Marín ante la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo. La presentación, difundida mediante un comunicado de prensa, solicita que la Justicia investigue posibles hechos vinculados con la gestión municipal de la localidad del departamento Santa María.
Los presuntos delitos serían coacción agravada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de una supuesta compra de voluntades con recursos del Estado municipal. Se mencionó que habrían existido amenazas de cortar servicios esenciales, como el agua potable, de condicionar la atención médica y de recortar la entrega de medicamentos en los dispensarios, a cambio de una firma o de un favor político. También se plantea que se habrían usado fondos públicos para influir sobre funcionarios electos del Concejo Deliberante.
Los concejales aclararon que no se trata de diferencias político-partidarias, sino de situaciones que consideran graves y que, a su entender, deben esclarecerse cuanto antes. Pidieron que la Justicia brinde las garantías constitucionales correspondientes para fortalecer el Estado de Derecho. Remarcaron que la ley protege a quienes decidan declarar y que nadie debería sentirse solo ante situaciones de este tipo.
Vecinos Unidos hizo un llamado a las familias de Toledo que hayan firmado documentos bajo engaño, que hayan recibido presiones laborales o vinculadas al agua o a la salud, o que hayan recibido ofrecimientos de dinero o trámites a cambio de apoyo. Indicaron que el bloque ya aporta testimonios a la causa, que habilitaron canales de contacto privados y que la declaración ante la Fiscalía puede resguardarse bajo reserva de identidad.
