El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó el proyecto que modifica el Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza 7.244) y el Código de Ética para el ejercicio de la función Pública (Ordenanza 10.754) en lo referido a situaciones de violencia familiar o violencias de género para la función del empleo público municipal. De esta manera, se incorpora la incompatibilidad para el ingreso a la administración pública municipal y la inhabilidad en la función pública por motivos de condena por delitos de violencia familiar y/o violencia de género; y/o por ser deudores alimentarios morosos.
Además reconoce una licencia remunerada por violencia y/o acoso en el mundo laboral. A la vez que se modifica el artículo que obliga a abstenerse de realizar actos discriminatorios por distintas causales o motivos, incorporando específicamente el motivo de identidad de género que no estaba contemplado en el Estatuto hasta este momento. Por otra parte introduce una medida reparatoria para las personas víctimas que acrediten ser cónyuge, hijo/a o conviviente y demuestre dependencia económica con el agente municipal cesanteado o exonerado por causas vinculadas al ejercicio de violencia de género en todo ámbito.
La Ordenanza también dispone sanción al personal que se niegue sin justa causa a realizar las capacitaciones correspondientes establecidas por Ordenanza 12.906 (Ley Micaela). Añade el deber de informar de inmediato situaciones de violencia o acoso en el ámbito laboral de las que tome conocimiento. “Este es un paso muy importante en materia de prevención, tratamiento y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral; y distintas fuerzas políticas hace tiempo que nos hemos puesto a trabajar para sancionar conjuntamente esta Ordenanza”, afirmó la concejala Soledad Ferraro, presidenta de la Comisión de Equidad y Género.
