La concejal Marina Prenna, del bloque Hacemos Unidos por Oncativo, presentó en el Concejo Deliberante un informe técnico sobre el financiamiento del Plan de Viviendas MUVI que reabrió la disputa política en torno al manejo de los recursos municipales. El documento, elaborado a partir de presupuestos oficiales y datos de contabilidad pública, sostiene que el programa habitacional funcionó de manera autosuficiente hasta 2023 y comenzó a mostrar señales de deterioro financiero a partir de 2024, a lo que se sumó este año una denuncia por incumplimiento de la Ley de Información Pública.
Según el análisis presentado por la oposición, entre 2020 y 2023 el plan se sostuvo exclusivamente con recursos propios (cobro de cuotas y venta de lotes) sin necesidad de aportes externos ni resultados deficitarios, llegando incluso a un superávit superior a los 4,8 millones de pesos en 2022. Ese esquema se habría quebrado en las gestiones 2024 y 2025, períodos en los que, de acuerdo con la documentación expuesta, los egresos superaron de manera significativa a los ingresos del programa.
El bloque de Hacemos Unidos por Oncativo cuestionó además el uso de fondos del tesoro municipal para adelantar honorarios a los abogados que gestionan el cobro de deudas, antes de que el municipio recupere esas acreencias, una práctica que consideran un gasto judicial injustificado y sin respaldo documental claro sobre la composición real de las deudas. A este planteo se sumó un reclamo por la falta de acceso a información pública: los concejales de la minoría afirmaron que el Ejecutivo local no está entregando al Concejo, al Tribunal de Cuentas ni a los vecinos la documentación necesaria para controlar el destino de los fondos, lo que a su criterio limita la capacidad de auditoría del Concejo Deliberante y concentra el manejo de la información en el intendente y su gabinete.
