El gobernador Martín Llaryora respaldó este miércoles la sanción de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una nueva herramienta legal que habilitará la demolición de inmuebles utilizados para la organización de actividades narco. El mandatario enmarcó la iniciativa dentro de una estrategia de seguridad que, según remarcó, ya arrojó resultados concretos: la provincia registra el nivel de homicidios más bajo de los últimos 25 años.
Llaryora sostuvo que la gestión provincial «no mira para otro lado» frente al avance del narcotráfico y enumeró una serie de medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas la creación de nuevas fiscalías antinarcotráfico, la ampliación de la territorialidad judicial y la puesta en marcha del sistema Cordobeses en Alerta. A esto sumó la incorporación de equipamiento, tecnología y capacitación para las fuerzas policiales.
Con la nueva ley, el Ejecutivo provincial busca dar «un golpe fuerte» a los lugares donde se organiza el delito, habilitando la intervención directa sobre búnkers y aguantaderos. «Vamos a derribar aquellos sitios donde operan los delincuentes», afirmó el gobernador, en un mensaje que buscó proyectar firmeza de cara a la ciudadanía.
