Luego del escándalo que derivó en el apartamiento de dos contratados vinculados al legislador Ernesto Ramón Flores, quien posteriormente pidió licencia en su cargo, la Legislatura de Córdoba trabaja en nuevos requisitos y controles para el ingreso y la permanencia de asesores. Según fuentes administrativas, se está elaborando un borrador de decreto que establecerá un régimen de integridad y transparencia para las contrataciones.
Actualmente, la normativa vigente exige certificados de antecedentes penales, pero la Legislatura ya endureció el criterio: pasaron a requerirse tanto los antecedentes nacionales como los provinciales, con renovación cada seis meses, cuando antes bastaba con uno solo. El nuevo borrador prevé sumar además un certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y una declaración jurada de integridad, además de establecer de manera expresa la responsabilidad de cada legislador o bloque sobre las personas que propone contratar.
