El concejal Matías Trobatto, del bloque Somos Laboulaye, presentó un proyecto de ordenanza que busca implementar un control obligatorio de consumo de drogas ilegales para todos los funcionarios públicos del municipio. La iniciativa se apoya en la Ley Provincial 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba.
La propuesta alcanza al intendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios, subsecretarios, directores y responsables de áreas descentralizadas.
Deberán realizarse un análisis de orina con reactivo para detectar cannabinoides y cocaína, un estudio no invasivo que no requiere extracción de sangre. Cada funcionario tendría que costear su propio test, con un valor que oscila entre los $40.000 y los $60.000, y repetirlo dos veces al año.
El primer control se realizaría entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año, mientras que la fecha del segundo quedaría a criterio del Departamento Ejecutivo, que podría fijarla de manera programada o aleatoria.
Los funcionarios en ejercicio tendrían un plazo de 45 días para presentar el certificado negativo. En caso de un resultado positivo, el proyecto prevé como primera sanción la suspensión del sueldo, junto con la derivación al área de salud para el acompañamiento y tratamiento de una posible adicción.
Trobatto explicó que los funcionarios deben dar el ejemplo por el impacto que sus decisiones tienen sobre toda la sociedad, y señaló que el consumo de drogas atraviesa todos los niveles sociales, económicos y barriales.
Recordó además que el bloque había solicitado la adhesión del municipio a la ley en 2024, pero el pedido no prosperó. Con respecto al futuro del proyecto, el concejal se mostró abierto a dialogar con el oficialismo para introducir modificaciones y consideró que, tarde o temprano, Laboulaye terminará adhiriendo a la normativa.
