El presidente comunal de Valle de Anisacate, Nicolás Merlo, anunció la adhesión de la localidad a la Ley Provincial 11.031, conocida como Ficha Limpia. La medida se formalizó mediante la Resolución N.º 13 y fue comunicada por el propio jefe comunal en un video institucional difundido en sus redes sociales, donde la vinculó con el fortalecimiento de la calidad institucional y con la necesidad de contar con dirigentes íntegros.
La norma fue sancionada por la Legislatura de Córdoba el 27 de diciembre de 2024 e incorporó el artículo 49 bis al Código Electoral Provincial. Alcanza a las candidaturas a cargos provinciales, municipales y comunales, además de los cargos partidarios, y impide postularse a quienes tengan condenas por delitos dolosos a penas privativas de la libertad de cumplimiento efectivo o a penas de inhabilitación, siempre que exista la confirmación judicial que exige la ley. La inhabilitación se mantiene hasta que la sentencia sea revocada o se cumpla la pena en su totalidad.
Lo interesante de este anuncio, es que el mismo se da a conocer cuando el exjefe comunal Jorge Merlo, padre de Nicolás, dio señales de una posible candidatura en 2027, con publicaciones en redes sociales y un pasacalle de grandes dimensiones instalado en la localidad.
Nicolás Merlo había confirmado en agosto, en una entrevista con Siempre Radio 93.3, que buscará su reelección como candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, aunque negó que existiera una interna con su padre. Si la adhesión alcanzará efectivamente a Jorge Merlo dependerá de su situación procesal y del cómputo de las penas vigente al momento de oficializar las listas.
Jorge Merlo registra antecedentes judiciales. En mayo de 2019 fue condenado por la Cámara 11.ª del Crimen de Córdoba a tres años de prisión condicional por una causa vinculada con maniobras sobre terrenos en Valle de Anisacate, sentencia que fue recurrida y cuya pena resultó modificada.
En diciembre de 2021 recibió una nueva condena por estafa y falsedad ideológica reiterada, de un año y ocho meses de prisión condicional, junto con inhabilitación para ejercer cargos públicos, y su defensa anunció que seguiría recurriendo.
Ese mismo mes, la Fiscalía de Alta Gracia, entonces a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, lo imputó por abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad, a partir de la denuncia de una exempleada comunal: en ese expediente se dispuso una restricción de contacto y un botón antipánico para la denunciante.
