Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se reunieron para avanzar con los proyectos sobre endeudamiento y morosidad, en cumplimiento del emplazamiento aprobado el 26 de agosto. El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza con el PRO y la UCR, reunió 32 firmas, dos de ellas en disidencia. El de minoría, de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, sumó 27, y Argentina Federal presentó un tercero con dos firmas. Como hay bloques sin representación en las comisiones, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, sus votos podrían ser determinantes cuando el tema llegue al recinto.
El proyecto del oficialismo se centra en la prevención: propone un sistema de advertencias al usuario, educación financiera, herramientas contra el fraude digital, portabilidad del crédito y acceso gratuito al perfil de riesgo, con mayor detalle sobre costos y tasas de los créditos de corto plazo. No fija topes a las tasas ni prevé refinanciación para quienes ya están en mora. La propuesta opositora declara la emergencia por 180 días y crea un régimen al que pueden adherir quienes tengan más de 60 días de mora al 31 de agosto de 2026, o quienes estén al día pero destinen más del 30% de los ingresos del grupo familiar a créditos de consumo. Contempla una refinanciación de al menos 12 cuotas, con una cuota máxima del 30% de los ingresos, condonación de los intereses punitorios y deudas de hasta dos canastas básicas. El dictamen de Argentina Federal plantea una emergencia por un año, prorrogable por otro, con un tope a los intereses de 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días.
El Banco Central aportó datos sobre el sistema: el saldo total del crédito es de 165 billones de pesos, con una mora del 12,5% en los bancos y del 31,5% en las fintech. El crédito creció 140% desde abril de 2024, el pico de irregularidad se registró a mediados de 2025 y en agosto se observó una baja. Desde el oficialismo sostienen que la morosidad está estancada y que los límites a las tasas podrían restringir el crédito, mientras que la oposición sostiene que el proyecto oficial no responde a la situación de las familias endeudadas.
