El oficialismo logró la aprobación en general del proyecto de propiedad privada impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que agiliza los desalojos por ocupaciones ilegales y limita las expropiaciones. El texto pasó con 37 votos a favor, sumando a La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y legisladores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas, frente a 33 votos en contra encabezados por el bloque justicialista.
El triunfo llegó, sin embargo, con un costo político evidente. El Gobierno tuvo que negociar sobre la marcha y desprenderse de dos capítulos completos ante la falta de acompañamiento incluso de sus propios socios legislativos: primero cayó el articulado sobre extranjerización de tierras, y luego, en la sesión, debió excluir también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que buscaban flexibilizar las restricciones vigentes desde 2020 sobre tierras incendiadas. Radicales como Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, junto a senadores de Chubut, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Misiones, le negaron el respaldo a ese punto puntual.
En el recinto, la disputa se trasladó al plano discursivo. El jefe del interbloque justicialista, José Mayans, calificó la iniciativa como inconstitucional y denunció que la reforma a la ley de expropiaciones habilita, en sus palabras, un despojo de bienes y empresas estatales a favor del sector privado. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió el proyecto como una reparación histórica para los argentinos afectados por avasallamientos estatales, mientras que la senadora rionegrina Ana Marks acusó al bloque libertario de subordinar la tierra a una lógica puramente mercantil.
El trámite parlamentario también generó cuestionamientos internos: el senador pampeano Daniel Bensusán denunció que el nuevo dictamen circuló apenas una hora antes de la sesión, sin membrete ni firma y con decenas de cambios de último momento, en lo que interpretó como un intento de sortear el debate genuino en el Congreso.
