Editorial | José Cornacchione
En Córdoba se está discutiendo mucho más que un sistema de estacionamiento medido. Lo que realmente está en juego es la forma en que se gobierna la ciudad: con planificación, transparencia y fundamentos técnicos, o con improvisación política disfrazada de solución rápida.
Porque cuando faltan argumentos sólidos, muchas veces aparecen relatos simplificados que intentan convertir problemas complejos en consignas fáciles. Y eso puede servir para un título o una conferencia de prensa, pero no para construir políticas públicas sostenibles.
El proyecto de modificación de la Ordenanza 10.425 intenta presentar un modelo que, en apariencia, busca ordenar el espacio público y generar inclusión laboral. Pero cuando uno analiza técnicamente el contenido, aparecen vacíos jurídicos, inconsistencias operativas y riesgos institucionales que no pueden ser ignorados.
Y acá aparece el primer problema serio: se pretende cerrar el sistema alrededor de un grupo limitado de cooperativas integradas por ex permisionarios, entrando en tensión con principios básicos de la Ley Nacional de Cooperativas 20.337, con criterios del INAES y con garantías elementales de igualdad y libre concurrencia.
Porque el cooperativismo no puede transformarse en una herramienta política administrada desde el poder de turno.
Las cooperativas nacieron para garantizar autonomía, organización comunitaria y autogestión. No para convertirse en estructuras dependientes de funcionarios que deciden quién participa, quién cobra y bajo qué condiciones.
Y el problema se agrava cuando el propio proyecto incorpora mecanismos que se parecen más a relaciones laborales encubiertas que a verdaderas entidades cooperativas autónomas:
controles funcionales permanentes,
directivas operativas centralizadas,
uniformes obligatorios
y esquemas de subordinación difíciles de justificar jurídicamente.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿se está fortaleciendo el cooperativismo o se está utilizando una figura cooperativa para construir un sistema políticamente controlado?
Porque si el municipio define la operatoria, controla las tareas, fija condiciones permanentes y además concentra la administración económica, la autonomía cooperativa empieza a convertirse en una ficción.
Y cuando el Estado empieza a confundir inclusión social con dependencia estructural, aparecen los problemas judiciales, laborales e institucionales.
Pero además existe otro vacío todavía más grave: el proyecto no explica cómo se va a financiar realmente el sistema.
Y cuando una norma deja librado el manejo de recursos públicos a futuras decisiones discrecionales, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político.
Porque la discrecionalidad nunca genera transparencia.
Genera dependencia.
Y un sistema que depende permanentemente de decisiones políticas sin reglas claras termina siendo vulnerable, arbitrario y opaco.
Por eso preocupa que se quiera avanzar con rapidez sobre un esquema que todavía presenta debilidades jurídicas, económicas y administrativas importantes.
La ciudad de Córdoba necesita modernizar el sistema.
Necesita ordenar el espacio público.
Necesita inclusión laboral genuina.
Pero también necesita algo igual de importante:
seriedad institucional.
La solución no pasa por cerrar jurídicamente el sistema ni construir estructuras rígidas administradas políticamente.
La solución correcta es abrir jurídicamente y ordenar operativamente:
zonas claramente delimitadas,
requisitos técnicos objetivos,
capacidad operativa comprobable,
infraestructura tecnológica,
solvencia,
experiencia
y autonomía económica real.
Ese es el verdadero equilibrio que debe construir una política pública responsable:
un municipio que controle y planifique sin destruir la independencia de quienes prestan el servicio.
Porque ordenar correctamente no significa concentrar poder.
Significa establecer reglas claras, transparentes y sostenibles.
La ciudadanía merece saber cómo se recauda, cómo se distribuyen los recursos y bajo qué criterios se toman las decisiones.
Las cooperativas merecen autonomía real y seguridad jurídica.
Y Córdoba merece debates serios, no improvisaciones técnicas sostenidas solamente por discursos políticos.Porque cuando la política intenta reemplazar la técnica, generalmente los problemas aparecen después.
Y los terminan pagando todos los cordobeses.
