Editorial. Por José Cornacchione
El reciente escándalo por los créditos otorgados desde el Banco de la Nación Argentina a figuras vinculadas a la política vuelve a poner en el centro del debate un problema estructural de la Argentina: la confusión entre lo público y lo partidario.
Un banco estatal no es una caja política. Su razón de ser es clara: financiar la producción, sostener el crédito a pymes, impulsar economías regionales y garantizar inclusión financiera.
Cuando ese mandato se distorsiona para beneficiar a dirigentes, allegados o estructuras de poder, no estamos ante un error administrativo; estamos frente a una falla institucional.
La cuestión no pasa solo por la legalidad de los créditos —que deberá determinarse caso por caso— sino por su legitimidad. ¿Se otorgaron bajo criterios técnicos de riesgo? ¿Existió igualdad de condiciones frente a cualquier ciudadano o empresa? ¿O se utilizó el acceso al poder como ventaja competitiva? Estas preguntas son centrales, porque la confianza en el sistema financiero público depende de respuestas claras y verificables.
En países con instituciones sólidas, los bancos públicos operan con estándares estrictos de compliance, transparencia y control cruzado. En Argentina, en cambio, persiste una cultura donde la discrecionalidad convive con la opacidad. El resultado es previsible: deterioro de la credibilidad, desaliento a la inversión genuina y una ciudadanía cada vez más escéptica.
Este episodio también expone una deuda pendiente: la profesionalización real de la gestión pública. No alcanza con normas; se necesitan mecanismos efectivos de control, auditorías independientes y responsabilidades concretas para quienes toman decisiones. Sin consecuencias, los incentivos para repetir estas prácticas siguen intactos.
Pero hay algo aún más grave: el impacto simbólico. Mientras miles de productores,
comerciantes y emprendedores enfrentan tasas elevadas, requisitos restrictivos y dificultades para acceder al crédito, la percepción de privilegios para la dirigencia política erosiona el principio básico de equidad. Y sin equidad, no hay contrato social sostenible.
La salida no es declamativa, es institucional. Transparencia activa en la cartera de créditos, publicación de beneficiarios relevantes, criterios objetivos de asignación, control parlamentario y participación de organismos independientes. En definitiva, reglas claras y cumplimiento efectivo.
Porque cuando el crédito público deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un instrumento de favoritismo, el problema ya no es financiero: es profundamente político.
Y allí es donde debe resolverse.
