El gobernador Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
El proyecto habilita medidas como clausuras, cerramientos y bloqueo de accesos en una etapa administrativa, y reserva para la Justicia las intervenciones de mayor alcance: desalojos, demoliciones o restitución de propiedades.
Los bienes decomisados se reinvertirán en la lucha contra el narcotráfico: 60% irá a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y 40% al Ministerio de Justicia para programas de prevención.
La iniciativa también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial, e invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación.
