La Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes del Concejo Deliberante, presidida por Nicolás Piloni (HUxC), recibió al presidente del Ente de Fiscalización y Control municipal, Ezequiel Hormaeche, y todo su equipo de colaboradores en esa área, quienes respondieron a los concejales varios pedidos de informes referidos a la habilitación y controles de locales nocturnos en la ciudad, y particularmente sobre el caso del establecimiento “Wachitas Bar”, en barrio Nueva Córdoba. La reunión se extendió durante siete horas, con la presencia de una veintena de ediles.
Respecto de Wachitas, Hormaeche repasó todo el historial de ese emprendimiento, dijo que estuvo “mal habilitado en 2017” y que la actual gestión le revocó la habilitación a principios del corriente mes, luego de tres clausuras anteriores. Sin embargo aclaró que ese cierre no estuvo asociado de ninguna manera a la causa penal abierta por el reciente femicidio de la adolescente Agostina Vega, sino debido a que el local cambió las condiciones edilicias (se derribó una pared) y de actividad, respecto de cómo había sido autorizado a funcionar.
“No recibimos ninguna denuncia. Teníamos agendada una inspección para 15 días más adelante, pero la anticipamos al 2 de junio porque escuchamos el nombre de ese bar en los medios. Es más, llegamos al lugar antes que la Justicia, a la cual pusimos a disposición todo el expediente municipal”, señaló.
Las concejalas opositoras Graciela Villata y Elisa Caffaratti objetaron que había en ese bar “ilegalidades a la vista de todos y la Municipalidad nunca se enteró” y que la inspección definitiva se realizó con un bache temporal de ocho meses.
“No se obvió ningún paso administrativo para habilitar ni para revocar el permiso. Se actuó como correspondía. Si alguien conocía algo irregular ¿por qué no lo denunció entonces?”, les replicó el oficialista Nicolás Piloni.
Hormaeche defendió el año y medio de funcionamiento del Ente de Fiscalización y Control, y recalcó que lleva adelante una lucha desigual “contra mafias” vigentes desde hace muchos años en el negocio de la noche. Dijo haber sufrido innumerables agresiones y amenazas personales y un claro boicot de parte de un sector de empleados municipales, que no aceptaron sumarse a esa nueva estructura.
También recordó que fue la actual gestión quien denunció al “clan Moyano” como referente de la noche en la ciudad y el negocio de los certificados truchos que derivó en la denominada Causa Bomberos, que instruye la Justicia.
“En 2019 se hacían un promedio de 70 operativos por año. Ahora hacemos 700.La ex área de Fiscalización tenía 200 inspectores y 124 becarios; hoy solo somos 138, entre empleados, funcionarios, monotributistas y becarios, de los cuales sólo 50 tienen chapa de inspector. Todo esto con el agravante de que ahora tenemos el doble de tarea operativa. Por ejemplo, se cuadruplicó la venta ambulante. Los empleados se resisten a salir a controlar”, detalló el funcionario, marcando la falta de recursos humanos.
Pese al achique de la dependencia, Hormaeche defendió que el Ente es la herramienta para encauzar todo el tema de habilitaciones, control y clausura de negocios, y puso en valor la vigencia del sistema HOL (Habilitaciones On Line), que permite fijar la trazabilidad de cada expediente, con información “encriptada e inmodificable”.
Además, enumeró que en lo que va de la actual gestión, se realizaron 1.398 actas y clausuras a bares en situación irregular por venta de alcohol y en fiestas clandestinas, determinadas por la actividad económica lucrativa y la masividad de asistentes.
Además del caso Wachitas, la Comisión también evaluó la situación de locales como Malibú y Luzbelito, también clausurados. El primero, tiene habilitación, pero no cumplía condiciones de higiene y seguridad; el segundo, está habilitado como bar, pero si no cumple condiciones exigidas, se le revocará el permiso.
Los funcionarios del Ente también respondieron pedidos de informes referidos al control de venta de alcohol en vía pública, a ruidos molestos, y venta ambulante.
De los 20 proyectos en debate, 16 se enviaron al archivo por considerarse respondidos, y otros cuatro quedaron en estudio a la espera del envío de información por parte del Ejecutivo.
