A casi un mes del fallo de la Corte Suprema que ordenó al Gobierno nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades siguen sin recibir fondos adicionales y, sobre todo, sin conocer los criterios con los que se distribuirán los recursos anunciados. Si bien el Ejecutivo informó una ampliación presupuestaria de 4,45 billones de pesos, de los cuales 1,33 billones estarían destinados en gran parte al sistema universitario, en las casas de altos estudios aseguran que hasta el momento no tienen precisiones sobre los montos que le corresponderán a cada institución ni sobre los conceptos que quedarán cubiertos.
La incertidumbre se profundiza en torno a los salarios docentes y no docentes. Tras el acuerdo paritario de junio, que había otorgado un aumento del 21,3%, el fallo de la Corte obligaría al Gobierno a sumar un 29% adicional para completar una suba del 56% respecto de mayo, aunque todavía no está definido si ese ajuste se instrumentará a través de nuevas paritarias o de resoluciones directas. A esto se suma la actualización pendiente de las becas estudiantiles, que según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 debería implicar un incremento del 95%, sin que hasta ahora existan definiciones concretas al respecto.
Otro punto de preocupación para las universidades son los gastos de funcionamiento, un rubro no contemplado explícitamente en el fallo de la Corte pero que las instituciones consideran indispensable actualizar frente al aumento sostenido de los servicios. Mientras tanto, desde el sistema universitario remarcan que sólo cuando se conozcan las resoluciones oficiales podrán saber qué monto y bajo qué conceptos recibirá cada casa de estudios, en un escenario donde la ampliación presupuestaria anunciada convive con la falta de información concreta sobre su implementación.
