El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba hizo lugar esta semana a una acción de amparo colectiva contra el programa Incluir Salud y PAMI, y ordenó a ambos organismos regularizar y mantener al día los pagos de prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas.
El fallo, firmado por el juez Miguel Vaca Narvaja, pone fin a un conflicto que se venía arrastrando desde fines de 2025, cuando el Gobierno nacional comenzó a registrar demoras e irregularidades en la cadena de pagos derivadas del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El magistrado constató atrasos de hasta cinco meses en la cancelación de servicios ya prestados por hogares, centros de día y profesionales que asisten a este colectivo.
La sentencia es contundente respecto de los argumentos oficiales: el Estado no puede invocar razones de ordenamiento presupuestario para incumplir obligaciones elementales con «un colectivo sumamente vulnerable», señala Vaca Narvaja, quien advirtió que persistir en esa conducta podría derivar en responsabilidades civiles y penales para los funcionarios involucrados.
El amparo fue promovido por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en materia de discapacidad, con alcance colectivo. Eso implica que la resolución protege a miles de beneficiarios en igual situación y no solo a quienes impulsaron la acción.
El fallo establece que los circuitos burocráticos y las políticas de control fiscal no pueden ejecutarse a costa de la continuidad de tratamientos de salud crónicos, y ordena la normalización de las prestaciones de forma urgente e ininterrumpida.
