El titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, emitió un firme comunicado en el que acusa al gobierno provincial de faltar a la verdad en relación a la demora en el pago de proveedores, «No es verdad que el Tribunal de Cuentas esté generando la máxima demora posible en los procesos de compras o licitaciones y que por esa razón numerosas áreas tienen proyectos paralizados», aseguró la máxima autoridad del órgano de control provincial.
Hace unos días Política Córdoba Verdad publicaba una entrevista donde tildaba a Beltrán Corvalán como «el principal opositor» a Martín Llaryora, ya que desde hace un tiempo se sindica al dirigente juecista como el responsable de las demoras que se suceden en los pagos del gobierno provincial; si bien nunca se lo dijo de manera oficial, es un secreto a voces que desde el gobierno provincial se asegura que es quien «demora o complica» los pagos.
Ahora Beltrán Corvalán no solo niega esas acusaciones, sino que redobla y acusa que el Ministro de Economía y Gestión Pública le «niega los permisos de acceso al sistema informático para revisar si los gastos cumplen con las normas legales y contables, permisos que en la composición anterior del tribunal tenían todos los empleados afectados a esas tareas».
Además, en el comunicado se asegura que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ha sido impugnada judicialmente y que se espera «una resolución favorable sobre su inconstitucionalidad»; pero incluso las imputaciones que hacen van más allá porque se sostiene que «la conducta del ministro podría configurar el delito de Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que de corroborarse será denunciada a la justicia».
Ante las versiones de que desde el Tribunal de Cuentas provincial se busca entorpecer el funcionamiento del gobierno, generando problemas a Intendentes, Jefes Comunales y empresas de servicios que no pueden percibir los dineros gestionados, el Jefe de esa área en cambio sostiene que el gobierno de Llaryora quiere «evitar que controlemos la legalidad de los gastos del gobierno y que esos gastos se aprueben por el mero paso del tiempo».
En la denuncia el funcionario cita ejemplos que, sostiene, le dan la razón en la posición que sostiene; mientras tanto desde el gobierno de la provincia de Córdoba no se ha expresado hasta ahora de manera oficial; este comunicado es la primera expresión que hace visible un tema que va cobrando volumen entre oficialismo y oposición pero que además involucra como víctimas a municipios, comunas y privados que terminan envueltos en un tema en el que nada tienen que ver.
