El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, estuvo en el ojo de la tormenta política en la semana que pasó, y lo seguirá estando, más por necesidades y tácticas políticas que por la veracidad de los motivos por los que se lo señala.
Todos saben que la situación social que atraviesa Córdoba no es sólo un problema de seguridad ni exclusivo de esta provincia sino que ocurre en todo el país y tiene más que ver con decisiones de los anteriores y del actual gobierno nacional que llevaron a los argentinos a niveles extremos de pobreza y con ellos de situación social.
Tampoco es difícil de entender para nadie que las fuerzas de seguridad, las policías provinciales pero también gendarmería y otras armas, no son más que el reflejo de la sociedad actual y que sus hombres, y sus desviaciones, provienen justamente de esa misma sociedad.
Sin embargo los líderes de la oposición actual en Córdoba, Rodrigo De Loredo y Luis Juez, eligieron apuntar contra el ministro de Seguridad provincial, obvio fusible en tiempos de crisis, como todos los integrantes de un gabinete; y curiosamente aparecieron también algunas voces hacia adentro de Hacemos Unidos por Córdoba.
La explicación también es simple, los opositores necesitan atacar al gobierno provincial para producirle un desgaste de cara a la sociedad, y aunque sepan que la crisis social es responsabilidad de la macro política, también tienen en claro que pegándole a Quinteros le pegan a Llaryora; por ende no hay mucho lugar a dudas, aunque, en el caso de Luis Juez, lo haya denominado “hermano” en el pasado, esa relación pasa a sufrir un daño colateral, el de su necesidad política.
Y para adentro del peronismo cordobés pasa algo parecido, y no sólo en seguridad, son varios los que tienen el traje listo por si los llaman a jurar, y mientras tanto no pierden la oportunidad de hacer trascender sus habilidades para ocupar los cargos hoy cuestionados.
Son cuestiones de la política que no entienden de afectos ni lealtades cuando se trata de conseguir un lugar.
