El oficialismo enfrenta serias dificultades para reunir el quorum necesario en la sesión que La Libertad Avanza había convocado para este jueves en el Senado, con el objetivo de debatir el proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, además del pliego del juez Víctor Pesino. La incertidumbre se profundizó en la noche del miércoles, cuando se conoció que al menos tres senadores radicales no asistirían a la Cámara alta, a lo que se sumó la ausencia anunciada de un legislador de Provincias Unidas y de los dos senadores santacruceños, que rechazan aspectos centrales de la iniciativa sobre «inviolabilidad» de la propiedad privada.
A este cuadro se agregó un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quienes mantuvieron un tenso intercambio de mensajes de texto en torno a la sesión y al proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros. Villarruel expresó su malestar por la convocatoria a sesionar en medio del clima futbolero, mientras que el cruce escaló hasta un intercambio de agravios personales entre ambas dirigentes, en una nueva muestra de las tensiones internas que atraviesa el espacio libertario.
En cuanto al contenido del proyecto, este elimina los límites actuales para que extranjeros adquieran tierras rurales, aunque mantiene la prohibición para Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Las provincias conservarán jurisdicción plena sobre su territorio, y en zonas de frontera se exigirá aval nacional y provincial; de no mediar objeciones, operará el silencio administrativo a los 180 días. La iniciativa también introduce un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios, y establece un procedimiento más ágil para desalojos por falta de pago, con intervención obligatoria de organismos de protección cuando haya menores o personas en situación de vulnerabilidad involucradas.
El oficialismo buscaba además avanzar con la aprobación de 36 pliegos judiciales, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe renovar el aval del Senado antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio y que ya presentó un recurso de amparo ante la posibilidad de que el debate se postergue. También figura en la lista el pliego de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, para el juzgado de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa contra el ex intendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. De concretarse estas designaciones, el oficialismo alcanzaría un total de 110 cargos cubiertos de las 300 vacantes existentes en la Justicia.
