El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial N.° 11.126 de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores y las Trabajadoras, una normativa sancionada por la Legislatura cordobesa que crea un marco jurídico específico para sostener los procesos de recuperación de unidades productivas y garantizar la continuidad laboral bajo la organización cooperativa. La norma, oficializada mediante el Decreto N.° 57 y publicada en el Boletín Oficial, apunta a preservar el empleo digno en empresas atravesadas por crisis o en riesgo de cierre, habilitando su funcionamiento bajo la gestión directa de los trabajadores.
La ley declara de interés social estos procesos de recuperación y posiciona a las cooperativas de trabajadores como sujeto prioritario de la política pública provincial, con el objetivo de resguardar la producción, la actividad económica y las fuentes laborales en juego.
Entre sus definiciones centrales, la normativa crea el Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que dependerá del Ministerio de Cooperativas y Mutuales (designado autoridad de aplicación) en articulación directa con el Ministerio de Justicia y Trabajo. Ambos organismos quedarán a cargo del diseño de políticas de fortalecimiento para el sector.
La ley también habilita un paquete de herramientas de acompañamiento para las cooperativas registradas: asistencia técnica, capacitación, acceso a crédito, garantías para financiamiento, asesoramiento jurídico durante los procesos de recuperación y un régimen de beneficios que contempla prioridad como proveedoras del Estado, tratamiento fiscal preferencial transitorio y acceso a subsidios.
En materia de procedimiento, se fija un esquema que incluye inspecciones, informes técnicos y una audiencia obligatoria con participación de los trabajadores y representantes ministeriales, instancia clave para evaluar la viabilidad de la continuidad productiva bajo la figura cooperativa. La norma incorpora, además, la perspectiva de género como principio transversal, promoviendo igualdad de oportunidades entre mujeres y varones dentro de estos procesos.
Con esta promulgación, la gestión de Llaryora suma un instrumento normativo que busca dar previsibilidad y respaldo institucional al cooperativismo cordobés, en un contexto donde la preservación del entramado productivo y del empleo se sostiene como uno de los ejes de gestión provincial.
