Con una jugada de control de daños, La Libertad Avanza pactó con sus aliados PRO, UCR e Innovación Federal, la apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales para el 30 de junio, logrando así desactivar la sesión opositora convocada para este martes. El acuerdo le garantiza al oficialismo manejar los tiempos sin obligación de dictaminar, con margen para correr el arco hasta después del Mundial y las vacaciones de invierno.
La maniobra también incluye una trampa reglamentaria: al excluir a la comisión de Peticiones del esquema, los proyectos de interpelación quedan atados a un doble dictamen, lo que dilata aún más cualquier resolución. Así, Adorni evita por ahora tener que explicar ante el Congreso su polémico incremento patrimonial desde que asumió como jefe de Gabinete.
El pacto le dio a los bloques aliados una salida cómoda: pueden mostrar que le «arrancaron» al oficialismo el compromiso de no enterrar el tema, mientras evitan entregar al funcionario a la oposición dura. El diputado Pablo Juliano los llamó sin rodeos «republicanos selectivos» y los acusó de proteger a Adorni en lugar de cuidar a los argentinos. Desactivada la amenaza, el Gobierno ya convocó para este miércoles una sesión especial para tratar el Súper RIGI y acuerdos con acreedores.
