La renegociación de contratos entre PAMI y las clínicas privadas golpea con fuerza en el interior de la provincia de Córdoba. Como ya denunciaron en reiteradas oportunidades ante Política Córdoba Verdad, varios intendentes del interior provincial atraviesan una situación financiera crítica: la obra social estatal aún no ha pagado las prestaciones brindadas por los municipios, dejando las arcas locales en rojo.
La polémica en torno a la administración del Programa de Atención Médica Integral, la obra social destinada a jubilados, pensionados y mayores de 70 años sin jubilación, se extiende también a las clínicas y establecimientos privados de todo el país.
Ignacio Escutti, secretario general de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (ACLISA), lo reconoció públicamente: «Ha habido algunos cambios de condiciones. Estamos firmando los nuevos contratos, con lo cual vamos a tener un poco más de previsibilidad. Pero sí, ha mermado el trabajo y se han limitado algunas consultas».
El impacto de esas limitaciones recae directamente sobre los afiliados, que ven reducido su acceso a prestaciones. A esto se suma el atraso en los valores de las consultas: según Escutti, lo que perciben los profesionales de la salud «está muy atrasado» respecto a la realidad económica. Todo esto en el marco de una obra social que es el principal financiador del sistema sanitario nacional y concentra la mayor cantidad de afiliados del país.
