La Unión Cívica Radical expresó, a través de un comunicado de su Comité Nacional, su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento en el Senado quedó finalmente postergado este jueves por falta de votos y de acuerdos previos. El radicalismo sostuvo que la reforma elimina limitaciones razonables y compromete la soberanía nacional, el control de las fronteras y los recursos estratégicos del país. Con 10 senadores propios, el bloque resulta clave para el destino del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que incluye la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque hasta el momento solo tres de sus senadores manifestaron abiertamente su rechazo, mientras que los otros siete —algunos alineados con gobernadores afines al oficialismo— dejaron margen para acompañar la iniciativa.
En el documento, la UCR remarcó que el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin exponer los recursos estratégicos del país, y reivindicó su rol histórico en la defensa de la legislación vigente, que limita al 15% la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, con un tope del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. La normativa actual también prohíbe la adquisición por parte de extranjeros de inmuebles rurales que limiten con lagos o ríos o se ubiquen en zonas de frontera, restricciones que el proyecto oficialista dejaría libradas al criterio de cada provincia.
El radicalismo advirtió que esa descentralización podría derivar en una desregulación preocupante, en momentos en que ya existen en el país cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —un 5% del territorio nacional— y más de 30 áreas que superan el límite legal permitido. El partido remarcó que países como Estados Unidos, Canadá y Francia mantienen regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, y que defender la soberanía implica, ante todo, hacer cumplir la legislación ya existente.
A este cuestionamiento se sumó el rechazo a otro punto del proyecto oficial, vinculado a modificaciones sobre la Ley de Manejo del Fuego, que buscaría flexibilizar por hasta 60 años las restricciones al cambio de uso del suelo en zonas afectadas por incendios. Finalmente, ante la falta de acuerdos, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pidió postergar el debate hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.
