La legisladora radical Brenda Austin presentó un proyecto de ley para afianzar la seguridad de que quienes votan en cada localidad vivan realmente en ella, y prevenir, detectar y sancionar los cambios de domicilio falsos con fines electorales.
La iniciativa surge en un contexto de posibles casos en San Francisco, donde el concejal Marco Puricelli, también de la UCR, acompaña el planteo y advirtió que habría familias de la zona a las que les estarían ofreciendo cambiar el domicilio para votar el año que viene.
El proyecto alcanza a las comunas y a los municipios que no tienen Carta Orgánica propia, regidos por la Ley Orgánica Municipal N° 8102 y las leyes N° 8234 y N° 8455.
A las ciudades que sí la tienen, las invita a sumarse e incorporar los mismos controles. El punto central establece que el elector deberá acreditar que vive en la localidad desde al menos 180 días antes del cierre del padrón. Hoy la ley exige 90 días en las comunas y no fija ningún plazo para los municipios, por lo que la propuesta unifica el criterio y lo equipara con los códigos electorales nacional y provincial. Para los extranjeros, se extiende a las comunas el requisito de dos años de residencia que ya rige en los municipios.
Para acreditar el domicilio alcanzará respaldarlo con documentación: boletas de luz, agua, gas, teléfono o internet, comprobantes de pago de tasas municipales o comunales, contrato de alquiler o escritura, o constancias de escuela, de atención de salud, de trabajo o un certificado de domicilio. Quienes no tengan esos papeles por su situación económica o de vivienda podrán probar su residencia de otra manera.
El control quedaría a cargo del Juzgado Electoral de la Provincia y de las Juntas Electorales de cada municipio y comuna. Austin explicó que el proyecto pone la lupa en el último año antes del cierre del padrón, la «ventana preelectoral»: si en ese período aparece un aumento inusual de cambios de domicilio respecto de años anteriores, el Juzgado abrirá una auditoría sin esperar una denuncia.
Podrán cuestionar una inscripción sospechosa los partidos políticos, las agrupaciones vecinales, el Ministerio Público Fiscal, el propio Juzgado Electoral y cualquier vecino empadronado en la localidad, incluso antes de que se publiquen los padrones provisorios.
Si se comprueba que el domicilio es falso, la persona quedará fuera del padrón.
El proyecto lleva también las firmas de los legisladores radicales Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Alfredo Nigro, Miguel Nicolás, Fernando Luna, Oscar Saliba, Gustavo Bottasso, José Bria e Inés Contrera.
