Los intendentes de Mendiolaza, La Calera, Unquillo, Las Higueras, y Río Cuarto atraviesan un tramo complejo de sus gestiones, con tensiones políticas, institucionales y económicas a pocos meses de un año electoral. Esto pone en duda la continuidad del mandato de sus respectivas fuerzas políticas en dichas localidades.
El caso más delicado es el de Adela Arning, de Mendiolaza. La Junta Electoral Municipal fijó para el domingo 29 de noviembre el referéndum de revocatoria de su mandato, impulsado por vecinos que cuestionan aumentos de impuestos, contrataciones de funcionarios políticos y obras de gas natural sin ejecutar. El TSJ rechazó un recurso de la intendenta y el trámite siguió su curso. Arning acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque ese recurso no tendría efecto suspensivo. Una encuesta de fines de mayo registró un 74% de desaprobación de su gestión.
En La Calera, el Concejo Deliberante funciona de manera irregular desde febrero, después de que una concejala radical dejara el bloque oficialista. A eso se suma la disputa con la empresa proveedora de agua en bloque: la firma reclama al municipio más de $1.200 millones. El conflicto derivó en restricciones del servicio, con unas 50 mil personas afectadas, y en una denuncia de la concejala radical Analía Marcos contra el intendente Fernando Rambaldi por presunta malversación de fondos.
En Unquillo, Guillermo Valli perdió la mayoría en el Concejo Deliberante tras la ruptura de la bancada propia, integrada por cuatro ediles. Solo uno de los electos en 2023 responde políticamente al intendente, lo que complica la aprobación de ordenanzas de importancia para llevar adelante su gestión como cabeza del ejecutivo.
En Las Higueras, el intendente Gianfranco Lucchesi debió intervenir con fondos propios, cerca de 60 mil USD, para garantizar el servicio de agua en un loteo privado, luego de que fracasaran las negociaciones con la empresa desarrollista responsable del barrio. Por otro lado, Lucchesi no ha ejecutado obras propias: las inauguradas corresponden a la gestión provincial. Además, no repunta en consideración popular, no registra mediciones positivas en encuestas y solo se suma a la caída en desgracia del peronismo en el departamento Río Cuarto. El PJ del departamento no encuentra candidato para competir con la UCR en las legislativas.
En Río Cuarto, De Rivas gobierna con una fuerte caída de ingresos y se registran atrasos en el pago a proveedores. La dimensión del deterioro fiscal es tal que el municipio perdió $1.150 millones de ingresos en solo tres meses y arrastra un déficit mensual. Solo en el primer trimestre del año, la comparación interanual arroja una pérdida de $3.000 millones. El propio intendente justificó el estado de las cuentas municipales advirtiendo que «se potencia la demanda social pero tenemos menos recursos».
