La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Alto Comisionado de la ONU manifestó su preocupación por «la vulneración de derechos y acciones violentas» por las protestas que se originaron en San Salvador de Jujuy a raíz de la aprobación de la reforma de la Constitución provincial.
«Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales», expresó el representante en América del Sur, Jan Jarab.
Según indica el comunicado, la Oficina recibió «denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza».
«También recabó antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos», sigue el texto.
En esa línea, también incluye la vandalización de la Legislatura de Jujuy: «Según reportes, además, particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial».
Jarab instó a las «las autoridades, provinciales y nacionales» a investigar «con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy».
Y agregó: «Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos».
Para el representante de la ONU, la reforma «presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica».
A su vez, advirtió que la ONU Derechos Humanos recibió «información de que el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas».
Al respecto, el Representante recordó que «el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial».
Para finalizar, Jarab afirma en el documento que «la situación en Jujuy se vincula con dos temas centrales que han sido objeto de seguimiento por parte de su Oficina en esta y otras provincias del país, como son la violencia institucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas».
El gobernador jujeño, Gerardo Morales, concluyó ayer con los pasos formales para la puesta en vigencia de la reformada Constitución provincial y realizó el juramento, en medio de las protestas contra las modificaciones de la carta magna.
Human Right Watch y Aministía Internacional también se manifestaron
Ayer, la directora de la División de las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, publicó en su cuenta de Twitter: «Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH».
Por su parte, Amnistía Internacional pidió la «suspensión de la reforma constitucional aprobada y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución».
Fuente: Telam y Noticias Argentinas
