Después de un marzo de modesta actividad, el oficialismo se prepara para volver a la carga con la remozada iniciativa de Bases y Puntos de Partida, su propia “ley de leyes”. Así lo entienden en el universo liberal: la ley ómnibus y el DNU 70/23 son las dos vigas maestras sobre las cuales se va a edificar el andamiaje ultraliberal, que va a redimir a los individuos de las cadenas del colectivismo.
Con el aprendizaje del traspié de febrero pasado, cuando el articulado fino no pudo pasar el torniquete que le impuso la oposición, esta vez La Libertad Avanza no quiere sufrir contratiempos, y por eso aceita por estas horas los engranajes políticos que le permitan llegar al recinto con más certezas que dudas.
La maquinaria de negociación política está en marcha y muestra de ello son las permanentes reuniones que ministros y funcionarios de primer rango mantienen con los actores de la política opositora que tienen la llave para alumbrar la media sanción que les fue esquiva durante el verano.
Uno de esos cónclaves tuvo lugar este lunes por la tarde en la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron a algunos referentes del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, quienes recibieron un adelanto de la letra chica del nuevo borrador de la ley ómnibus.
De esa reunión surgieron importantes novedades, que comunicaron los propios integrantes del bloque opositor a la salida de Balcarce 50. La primera y más insoslayable es que el borrador estará disponible hoy en los dispositivos electrónicos de los legisladores.
El diputado Nicolás Massot reveló que el Gobierno aceptaría llevar el piso del Impuesto a las Ganancias a nivel “sensiblemente más alto de lo que se viene discutiendo”. Esa es una condición que están poniendo algunos gobernadores y bloques para apoyar la ley de Bases, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (quien también participó de la reunión de esta tarde en la Casa Rosada) anunció que este debate se tratará “en otra etapa”.
El diputado oriundo de Bahía Blanca aseguró también que «se va a aumentar el monotributo para que sea ecuánime lo que paguen los monotributistas y los autónomos», y deslizó que podría haber acuerdo para incluir en la ley ómnibus una reforma de modernización laboral.
Para esta ley ómnibus bis, el oficialismo tomó el recaudo de que la redacción esté entallada a la medida de las posibilidades reales de ser aprobada, tomando en cuenta algunas de las sugerencias de la oposición que se ubica en la zona amistosa, la “opo friendly”.
Por ejemplo, la inclusión de la mencionada reforma laboral y la exclusión de la fórmula de movilidad jubilatoria. En el Gobierno comprendieron que hay temas que pueden funcionar como manzana podrida, echando a perder los acuerdos alcanzados en otros materias.
El Gobierno no debería a tener ningún problema en poder aprobarla. Ya tiene la base de los 144 votos en general del primer intento, pero con la nueva redacción más pulida va a poder además atar voluntades para la votación en particular.
Descontando el apoyo automático del PRO que a esta altura funge prácticamente como una extensión del oficialismo, da la sensación de que en las fuerzas de la oposición blanda como la UCR y sectores de Hacemos Coalición Federal prevalece la ansiedad por sacarse un peso de encima, que es la sospecha que pesa sobre ellos de que son parte de un régimen arcaico de la política que retrasa el cambio y pone palos en la rueda.
Si el experimento de la ley Bases sale bien, como es de esperar, la siguiente jugada podría ser el tratamiento de una ley espejo del DNU 70 para darle mayor solvencia institucional a las reformas de desregulación económica. Hay una ley espejo de Massot, otra de Martín Tetaz y en el Senado hay una iniciativa de Carolina Losada.
El borrador de la nueva Ley Bases
– Se acota la delegación de facultades a apenas cuatro: energética, administrativa, financiera y económica. Queda afuera la de seguridad y la tarifaria
– El plan de privatizaciones se restringe a solamente 12 empresas, en un esquema segmentado: las empresas sujetas a privatización total son solo tres (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA), mientras que para seis empresas se propone la modalidad de la concesión privada, y en las restantes tres (Banco Nación, Arsat y Nuceloeléctrica) se pone en venta una parte del capital accionario pero el Estado conserva la mayoría societaria.
– Se mantiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades para el Poder Ejecutivo de disponer, disolver, fusionar o unificar fondos fiduciarios.
– Se incluye la reforma laboral frenada judicialmente para alargar los plazos de las pasantías laborales (de tres a ocho meses), reducir costos de indemnizaciones y sancionar las asambleas en ámbitos laborales.
– El paquete fiscal se trataría aparte, e incluye cambios en Bienes Personales y un blanqueo de capitales.
