El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la crítica que le realizó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, días atrás cuando lo trató de «empleado».
«Tiene razón, yo soy un empleado, tal como lo es él”, comentó en un entrevista con Noticiero Doce. Y agregó: “Cada uno es libre de opinar lo que quiera, somos todos empleados. Lejos estuvo la declaración de molestarme”.
En realidad técnicamente, y más allá de la categorización de su trabajo, Adorni sí es «un empleado», porque fue convocado por el presidente para desarrollar una tarea que presta a través de una designación que hace las veces de contrato de trabajo y por el que percibe una remuneración; mientras que Martín Llaryora en cambio, como todos quienes fueron electos por el voto popular cumple una función establecida constitucionalmente.
Cabe aclarar sin embargo que es un error de Adorni su definición de empleado, en otro tramo del diálogo se definió también como «empleado público», porque no corresponde con su función, que es estrictamente política, es más, él no pertenece a la planta de empleados de la nación.
Martín Llaryora se había referido de manera lapidaria al vocero presidencial cuando este salió a negar los dichos de los gobernadores luego de una reunión con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, “Adorni es un empleado, no estuvo en la reunión, los que estuvimos sabemos de lo que se habló. Si uno no estuvo dice lo que le contaron” dijo, minimizando el rol del vocero.
Ahora, a modo de explicación, Adorni dijo que “había charlado del tema en reunión de gabinete una hora antes. No hice más que transmitir la posición del presidente en mi calidad de vocero presidencial”, dijo, es decir que en realidad se expresó mal cuando negó los compromisos asumidos por el Ministro del Interior ante los gobernadores, lo que debría haber dicho es que este fue desautorizado por el presidente.
Además Adorni negó que Milei haya cedido ante los reclamos de Gobernadores, Diputados e infinidad de organizaciones políticas, gremiales y sociales en todo el país sobre la Ley Ómnibus y lo planteó desde una cuestión semántica como decisiones tomadas en la Cámara de Diputados sin ninguna participación del presidente, algo muy difícil de aceptar.
