En Argentina, y especialmente en Córdoba, nos enorgullecemos de nuestra Universidad Pública. Sin embargo, aceptamos con una naturalidad pasmosa una anomalía ética y económica: el Estado invierte millones en formar a un profesional, pero una vez que este recibe su diploma y empieza a generar ingresos, la Universidad no vuelve a ver un solo centavo de esa inversión. Ese «contrato social» está roto.
Lo más grave es que el mecanismo de devolución ya existe, pero está desviado. Hoy, el graduado, apenas cruza la puerta de la facultad, se convierte en cautivo de un «peaje» administrativo: los Consejos Profesionales. Es aquí donde se produce la gran fuga de recursos. El profesional ya paga una matrícula obligatoria para poder trabajar, pero ese dinero —que debería ser el retorno natural hacia la casa que le dio el saber— termina financiando sedes lujosas, estructuras gremiales y una burocracia que no dictó ni una sola clase en su carrera.
El saber cómo capital social y la matrícula como retorno
Debemos entender que el título universitario no es un «obsequio» individual, sino un capital social puesto en manos de un ciudadano. El esfuerzo del panadero, del chofer y del jubilado que pagan sus impuestos financió esa formación. Por eso, es una injusticia sistémica que la renta de ese título sea «gravada» por un Consejo Profesional privado, en lugar de retornar a la fuente: la Universidad Pública.
La propuesta es simple y justa: que la matrícula que el profesional ya paga hoy, pase a ser el motor de financiamiento de la Universidad. Al absorber los Consejos, las Escuelas de Graduados se convertirían en las encargadas de la matrícula y la ética. No se trata de crear un nuevo impuesto, sino de redirigir el que ya existe. Que el éxito del contador, del administrador o del economista sea el recurso genuino que pague los bancos de las aulas, los laboratorios y los sueldos de quienes hoy están empezando.
Un sistema de devolución digital y eficiente (ReFE + ARCA)
Para que esto sea transparente, la tecnología es nuestra aliada. El Registro Federal de Egreso (ReFE), donde ya figuran nuestros títulos digitales, debe conectarse con el Registro Federal de Ingresos (ARCA/AFIP). Así, eliminamos las «cuotas fijas» arbitrarias de los consejos y permitimos que el profesional devuelva a la Universidad de forma proporcional a lo que factura.
Si al profesional le va bien gracias a lo que aprendió en la UNC, la UNC crece. Al unificar este esquema con ANSES para la jubilación y ofrecer la obra social universitaria (DASPU) como opción de salud, simplificamos la vida del trabajador y eliminamos las costosas «Cajas» privadas que hoy funcionan como estados dentro del Estado, apropiándose de una rentabilidad que le pertenece a la educación pública.
Recuperar el patrimonio para la excelencia
Los edificios y activos que hoy tienen los Consejos —construidos con el aporte de los graduados— deben pasar a ser propiedad de la Universidad. Menos oficinas de gestión corporativa y más centros de posgrado e investigación de alto nivel. La Universidad recupera el control de su «marca» y combate el ejercicio ilegal con un control digital implacable desde su propia Escuela de Graduados.
La educación pública no puede ser un cheque en blanco que el Estado firma y el graduado olvida. El sistema de colegiación actual es un modelo agotado que se queda con una devolución que le corresponde a las aulas. Es momento de que la matrícula profesional deje de alimentar burocracias intermediarias y empiece a alimentar el futuro del conocimiento en Córdoba. El título nos dio una herramienta de vida; es hora de que la matrícula sea el canal para sostener la casa que nos la entregó.
