En cumplimiento con la ordenanza que fue sancionada el 18 de mayo en el Concejo Deliberante y que exige a los funcionarios públicos realizarse un narcotest, el actual intendente y gobernador electo, Martín Llaryora, se sometió al estudio en horas de la mañana de este miércoles.
Este test es obligatorio para todo funcionario público que desempeñe funciones y que haya sido elegido por el voto popular. De manera tal que intendente, vice intendente, concejales y tribunos de cuentas, así también los secretarios y subsecretarios, los directores y subdirectores, asesores o aquellas personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados, explicita la ordenanza.
El estudio deberá realizarse y presentarse de manera anual, antes del 31 de marzo de cada año, en el área de capital humano correspondiente a cada jurisdicción, ya sea en el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas Municipal, Entes y empresas municipales, sin perjuicio de la instrumentación de controles aleatorios.
