En todo el país, miles de jubilados que dependen del PAMI se encuentran con una escena que se repite con una crudeza insoportable: llegan a una farmacia y no hay cobertura, llegan a un centro de salud y no los atienden. No es un error administrativo. Es una forma de abandono. Es la política mirando para otro lado mientras el sistema deja de funcionar en lo más básico.
Y en Córdoba, la situación de APROSS no es mejor. Es distinta en su forma, pero igual de grave en su fondo. Se quiere instalar que la crisis es consecuencia de la inflación. Pero ese diagnóstico es cómodo… y falso. La crisis de APROSS no es por la inflación. Es por falta de planificación.
El atraso en los aranceles que se les paga a médicos y clínicas no es nuevo: es crónico. Hace años que los valores corren por detrás de la realidad. No existe un esquema previsible de actualización. No hay reglas claras. Se gobierna apagando incendios, parche sobre parche. Y cuando un sistema tan sensible se administra así, el resultado es inevitable: no hay conducción, hay reacción tardía.
Pero mientras tanto, ¿quién paga el costo? El afiliado. Se ajusta al afiliado, no al sistema.
Suben los coseguros. Aumentan los gastos de bolsillo. Prestaciones que antes estaban cubiertas ahora se limitan o directamente desaparecen. La ecuación es absurda pero real: el trabajador estatal paga más… para recibir menos.
Y eso tiene otra consecuencia silenciosa pero devastadora: se está vaciando la red de prestadores. Profesionales que dejan de atender porque los honorarios no alcanzan. Clínicas que empiezan a restringir servicios. Especialidades críticas donde conseguir turno se vuelve una odisea. Porque una obra social sin prestadores no es un sistema de salud: es una cáscara vacía con carnet.
En el día a día, esto se traduce en algo mucho más concreto: el afiliado queda solo frente al sistema.
Demoras interminables para autorizaciones. Turnos que no aparecen. Reclamos que no tienen respuesta. Y el impacto pega de lleno en la clase media estatal, que queda atrapada en una lógica perversa: aporta obligatoriamente, pero no recibe a tiempo.
El punto más crítico —y el más doloroso— es la discapacidad.
Ahí el ajuste no es técnico, es humano.
Prestadores al límite o directamente fuera del sistema. Tratamientos en riesgo de interrumpirse. Familias que tienen que cubrir de su bolsillo lo que el sistema debería garantizar. Cuando una política pública falla en este punto, ya no estamos hablando de ineficiencia: estamos hablando de insensibilidad. A esto se suma otro problema estructural: la falta de control y transparencia
