El caso de la irregularidad en la permanencia en el cargo de empleado municipal de Claudio Barrelier, el presunto asesino de la adolescente Agostina Vega, trajo al tapete una situación histórica ocurrida en la Municipalidad de Córdoba durante la gestión del hoy senador Luis Juez; comenzó en octubre de 2006 con la contratación de trece personas con antecedentes penales y no fue una denuncia anónima ni una operación política; fue una controversia institucional que derivó en actuaciones administrativas, investigaciones y una revisión completa de los legajos observados, que finalizó en 2009, cuando Juez ya no estaba y se terminó de detectar que fueron cincuenta y dos las personas con antecedentes penales o documentación falsificada que hizo ingresar en los últimos meses de su gestión.
Lo que se terminó de descubrir en 2009 provocó una primera tanda de despidos de treinta y cuatro agentes por las causas mencionadas, aunque con un tácito acuerdo con el sindicato municipal, tan indefendibles eran esos empleados que el Suoem no protestaría esas bajas, siempre y cuando la Municipalidad no informara públicamente estas decisiones.
El ingreso a la municipalidad de Córdoba de empleados con antecedentes penales se remonta a la gestión de Juez como intendente, cuando a lo largo de su mandato hizo ingresar a numerosos agentes que, antes de finalizar su mandato en diciembre de 2007, efectivizó en un escandaloso pase masivo a planta permanente de unos 4.500 contratados.
En 2009, la nueva gestión municipal realizó una auditoría y comenzó el proceso legal para exonerar a cincuenta y dos agentes de distintas áreas que tenían causas judiciales o condenas previas (algunas por delitos como tentativa de robo), las cuales inhabilitaban su ingreso a la administración pública.
Si bien el tema quedó en el olvido de la historia algunos memoriosos lo recordaron al escuchar al ex intendente y actual senador hablando del tema que, a juzgar por sus expresiones, el también habría olvidado.
