Por José Cornacchione
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó una de las ordenanzas con mayor impacto económico, territorial y social de los últimos años como si estuviera tratando un trámite administrativo menor.
Sin debate profundo.
Sin despejar dudas técnicas.
Sin explicar cómo se controlará el dinero.
Y, lo más grave, sin escuchar verdaderamente a los vecinos que van a convivir todos los días con las consecuencias del sistema que acaban de votar.
Porque detrás del discurso de “ordenar el espacio público” se está construyendo un esquema improvisado, con enormes inconsistencias administrativas y con un potencial conflicto social que nadie parece querer asumir.
El oficialismo vendió el proyecto como una solución moderna, inclusiva y organizada. Pero cuando uno analiza técnicamente las cooperativas propuestas, aparecen situaciones extremadamente preocupantes.
No estamos hablando de detalles menores.
Estamos hablando de entidades con:
• CUIT dados de baja;
• matrículas canceladas;
• cooperativas próximas a ser dadas de baja por INAES;
• entidades que directamente no registrarían constitución formal;
• y actividades declaradas ante AFIP que nada tienen que ver con estacionamiento medido o control urbano.
La Cooperativa Aparcar Ltda. registra baja de oficio de CUIT, situación que limita formalmente cualquier operatoria tributaria y administrativa.
La Cooperativa El Progreso Ltda. posee matrícula cancelada y baja tributaria.
El Movimiento de Trabajadores Naranjitas Ltda. ni siquiera tendría existencia registral formal vigente.
Y la Cooperativa Bicentenario Social II Ltda. figura próxima a cancelación ante INAES.
Entonces la pregunta es brutalmente simple:
¿cómo puede el municipio entregar parte del control del espacio público y de la recaudación urbana a estructuras cuya propia regularidad administrativa está cuestionada?
Pero el problema no termina ahí.
La política municipal sigue creyendo que ordenar una ciudad es simplemente votar una ordenanza y sacar una foto.
La realidad es otra.
Quienes viven Córdoba saben perfectamente lo que va a pasar:
• discusiones permanentes entre vecinos y constatadores;
• conflictos por zonas;
• disputas por cobros;
• tensión diaria en barrios y corredores comerciales;
• superposición de autoridad entre SEMM, cooperativas y municipio;
• y una enorme discrecionalidad operativa sobre quién controla, cómo controla y bajo qué criterio.
Porque cuando se monta un sistema territorial de control urbano sin reglas absolutamente claras, el conflicto deja de estar en el Concejo y pasa directamente a la calle.
Y ahí los funcionarios desaparecen.
Los vecinos son los que terminan soportando:
• aprietes;
• malos tratos;
• discusiones;
• multas dudosas;
• conflictos de convivencia;
• y la sensación permanente de que el espacio público dejó de ser administrado por el Estado para transformarse en una estructura híbrida donde nadie sabe realmente quién tiene el control.
El problema político más grave es que jamás existió una verdadera instancia de escucha social seria.
No se escuchó al comerciante.
No se escuchó al vecino.
No se escuchó al trabajador formal que paga impuestos.
No se escuchó al usuario cotidiano del sistema urbano.
Se escuchó solamente la urgencia política por aprobar rápidamente una estructura que mueve millones de pesos y que otorga control territorial.
Porque el estacionamiento medido no es solamente una cuestión de tránsito.
Es caja.
Es control urbano.
Es presencia territorial.
Y también es poder político.
Y cuanto más apurado se aprueba un esquema así, menos transparente parece el verdadero objetivo detrás de la ordenanza.
Además, desde el punto de vista cooperativo, el proyecto también deja dudas enormes.
El cooperativismo verdadero funciona con autonomía, organización democrática y autogestión. Pero cuando el Estado diseña el esquema completo, controla la recaudación, define zonas, impone funcionamiento operativo y transforma a las cooperativas en brazos ejecutores de un sistema político centralizado, el modelo empieza a perder naturaleza cooperativa para convertirse en otra cosa.
Y esa discusión tampoco quisieron darla.
El oficialismo logró aprobar la ordenanza.
Pero lo que no logró fue generar confianza.
Porque Córdoba no necesita más estructuras improvisadas disfrazadas de modernización.
Necesita transparencia, controles reales, entidades regulares y funcionarios que se hagan responsables de las consecuencias sociales de las decisiones que votan.
Y cuando una ordenanza nace sin consenso, sin controles claros y sin escuchar a la gente, el riesgo es siempre el mismo:
que el supuesto “orden” termine generando todavía más conflicto, más tensión social y más desconfianza entre los cordobeses.
