¿Quién se va a hacer cargo del costo político de este esquema?
¿Quién va a poner la cara dentro de algunos años cuando este sistema explote en conflictos, judicializaciones, discrecionalidad y desgaste político?
Porque algo tiene que quedar claro: esta ordenanza ya no es solamente un proyecto del oficialismo. También pasa a ser responsabilidad directa de cada concejal que decida levantar la mano para aprobarla.
Y después no va a haber excusas.
Porque hoy todos conocen perfectamente los puntos débiles del proyecto:
• las posibles incompatibilidades cooperativas;
• las observaciones jurídicas;
• el riesgo de discrecionalidad;
• la concentración operativa;
• las dudas sobre transparencia futura;
• y el enorme costo político que puede generar institucionalizar definitivamente un sistema históricamente conflictivo.
El oficialismo intenta vender esta reforma como modernización urbana. Hablan de aplicaciones, trazabilidad, digitalización y control financiero como si ponerle tecnología a un problema automáticamente lo convirtiera en una solución.
Pero la realidad política es otra:
la Municipalidad está a punto de hacer algo muchísimo más profundo y peligroso:
convertir un problema callejero en una estructura política permanente administrada desde el Estado.
Y eso cambia absolutamente todo.
Porque a partir de la aprobación de esta ordenanza:
• cada abuso;
• cada apriete;
• cada conflicto;
• cada sospecha;
• cada discusión con vecinos;
• cada irregularidad;
• cada pelea interna;
• cada problema de recaudación;
• y cada denuncia sobre manejo de fondos,
ya no serán problemas aislados de la calle.
Serán responsabilidad política directa del Ejecutivo y de todos los concejales que acompañaron este modelo.
Y ahí aparece la gran contradicción del discurso oficialista:
durante años dijeron que había que recuperar el espacio público.
Ahora terminan construyendo un sistema donde el propio Estado municipal organiza, regula y legitima políticamente la ocupación permanente de ese mismo espacio público.
No están resolviendo el problema.
Lo están institucionalizando.
Y encima lo hacen con un esquema jurídicamente frágil.
Porque limitar el sistema exclusivamente a determinadas cooperativas integradas por ex permisionarios no solamente genera sospechas políticas:
también puede abrir cuestionamientos por igualdad ante la ley, libre competencia y principios cooperativos básicos reconocidos por la Ley 20.337 y el INAES.
O sea:
el oficialismo no solo asume un riesgo urbano y político.
También asume un riesgo jurídico enorme.
Y la pregunta es inevitable:
¿qué va a pasar cuando aparezcan las primeras impugnaciones?
¿Cuando haya disputas entre cooperativas?
¿Cuando empiecen los reclamos de otros sectores?
¿Cuando aparezcan denuncias por favoritismo?
¿Cuando la recaudación no cierre?
¿Cuando el sistema real empiece a chocar contra la teoría de la ordenanza?
Porque gobernar no es anunciar aplicaciones ni hacer conferencias de prensa hablando de inclusión.
Gobernar es hacerse responsable de las consecuencias.
Y este proyecto tiene una característica peligrosísima:
si funciona, el oficialismo intentará apropiarse del mérito;
pero si fracasa, el costo político será gigantesco y quedará pegado durante años a todos los que hoy acompañen esta votación.
Muchos concejales deberían entender algo básico:
no están votando solamente una ordenanza de estacionamiento medido.
Están votando:
• un modelo de control social;
• un modelo de ocupación del espacio público;
• un modelo de administración política de cooperativas;
• y un sistema económico que moverá millones de pesos bajo supervisión estatal.
Y cuando un sistema así nace con zonas grises, ambigüedades y discrecionalidad potencial, el problema no es cómo empieza.
El problema es cómo termina.
Porque la historia argentina está llena de estructuras “temporales” creadas para resolver emergencias que terminaron transformándose en cajas políticas permanentes difíciles de controlar.
Y Córdoba corre el riesgo de entrar exactamente en ese camino.
Por eso el verdadero debate no es si la ordenanza puede aprobarse.
El verdadero debate es:
¿quién se va a hacer cargo del costo político cuando todo esto deje de ser un discurso de modernización y empiece a convertirse en un problema real para la ciudad?
Editorial | Costo Político de la Reforma del Sistema de Estacionamiento Medido
