Por José Cornacchione
La Ciudad de Córdoba avanza hacia un nuevo sistema de estacionamiento medido y controlado en medio de una preocupante falta de claridad normativa, reglamentaria y operativa. Mientras los vecinos intentan entender quién controlará, quién cobrará, cuánto costará y bajo qué reglas funcionará el sistema, la realidad es que gran parte de esos aspectos aún dependen de decisiones reglamentarias posteriores que no han sido plenamente comunicadas ni transparentadas.
La ordenanza fue aprobada y jurídicamente existe. Sin embargo, una cosa es la vigencia formal de una norma y otra muy distinta es que su implementación garantice seguridad jurídica, previsibilidad y respeto por los derechos de los ciudadanos.
Hoy Córdoba enfrenta un escenario delicado: se aprueba un esquema amplio de control urbano, pero se dejan aspectos esenciales sujetos a reglamentación futura del Ejecutivo Municipal. Eso implica que muchas decisiones centrales —cómo se aplicará el sistema, quién fiscalizará, cuáles serán los criterios operativos, cómo se controlará la recaudación y cuál será el verdadero alcance de las facultades otorgadas— todavía no están completamente definidas de cara a la sociedad.
Y allí aparece el principal problema: cuando las reglas no son claras, los que terminan pagando las consecuencias son siempre los vecinos.
La reciente entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 11.117, que endurece el régimen respecto de cuidacoches y actividades informales de estacionamiento, agrega aún más presión institucional sobre el municipio. Pero esa presión no puede convertirse en una excusa para avanzar de manera improvisada o con exceso de discrecionalidad administrativa.
Los cordobeses tienen derecho a saber:
- quién administrará realmente el sistema;
- cómo se controlarán los fondos;
- qué rol cumplirán las cooperativas;
- cuáles serán los mecanismos de autorización;
- cómo se evitarán abusos;
- y qué límites tendrá el poder reglamentario del Ejecutivo.
Porque ordenar no significa darle un cheque en blanco al poder político.
El riesgo más grande no es solamente operativo. También es institucional. Cuando una reglamentación excede lo aprobado por el Concejo Deliberante, modifica el espíritu de la ordenanza o crea obligaciones nuevas sin debate legislativo, se ingresa en una zona jurídicamente cuestionable que puede derivar en conflictos judiciales, inseguridad jurídica y pérdida de confianza pública.
Además, preocupa la falta de información concreta hacia los ciudadanos. No puede implementarse un sistema que impactará diariamente sobre miles de vecinos, trabajadores y comerciantes sin una comunicación clara, reglas accesibles y mecanismos transparentes de control.
El estacionamiento medido no puede transformarse en:
- una caja recaudatoria discrecional;
- un sistema confuso;
- ni una herramienta de presión sobre el vecino común.
Córdoba necesita orden, sí. Pero también necesita transparencia, legalidad y respeto por quienes sostienen la ciudad todos los días con sus impuestos y su trabajo.
El verdadero desafío no es solamente controlar el estacionamiento. El verdadero desafío es demostrar que todavía se puede gestionar respetando la ley, las instituciones y a los ciudadanos.
