El inicio del año legislativo en Río Cuarto llegó cargado de reclamos. Tras la apertura de sesiones ordinarias y en medio de un clima caldeado por los aumentos impositivos, la oposición salió con los tapones de punta a pedir explicaciones sobre las irregularidades detectadas en los cedulones municipales de enero.
Franco Miranda, presidente del bloque Fuerza del Imperio del Sur, señaló que tiene a muchos vecinos «con la bronca a flor de piel». El eje de la discusión se centró en el aumento del 30% para el contribuyente cumplidor y los fallos admitidos por el oficialismo en el sistema de cobro.
El concejal opositor confirmó que han solicitado un pedido de informe para que el Secretario de Economía comparezca ante el Concejo Deliberante. La intención es que brinde aclaraciones sobre el «mal cobro» detectado tanto en el servicio de agua, como en el inmobiliario y el automotor, una situación que generó un aluvión de quejas en redes sociales y medios locales.
Miranda fue contundente respecto a la respuesta del municipio. Si bien desde el Ejecutivo se reconoció un «fallo en el sistema» y se prometió la devolución de los montos mal cobrados —similar a lo ocurrido en 2025 con las multas de estacionamiento a no residentes—, el concejal criticó la burocracia que esto implica para el vecino.
«Es una molestia más que se le causa al contribuyente cuando el Estado debería ser más eficiente. No nos olvidemos que este es el segundo aumento compulsivo que hace esta gestión», expresó Miranda.
Para la oposición, no es justo que el ciudadano, además de afrontar una suba de tasas, tenga que perder tiempo verificando si el Estado hizo bien las cuentas. «Si usted no detectó el error, eso pasa a una multa. El trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo es controlar, y a esta ciudad le falta control», agregó.
Miranda apuntó a la falta de fiscalización en la obra pública y al ritmo lento de ejecución. Según los datos aportados por el edil, de las 100 cuadras de pavimento anunciadas el año pasado, «se llevan ejecutadas solo 15 cuadras, restan 85». Esta demora, explicó, carga el presupuesto del 2026 y complica la planificación urbana.
«Mantener la red vial corresponde a brindar buenos servicios, pero también hace a la seguridad de los automovilistas y del transporte público», sostuvo Miranda, recordando que más del 50% de la ciudad aún tiene calles de tierra y el mantenimiento se realiza «a cuentagotas».
Otro punto álgido fue el servicio de higiene urbana, el contrato más oneroso que afronta el municipio. Miranda cuestionó el «perfil negociador» del Estado local frente a las empresas privadas.
«Tenemos que ser mucho más exigentes con las empresas que vienen a llevarse esos recursos que son del contribuyente», afirmó. El concejal denunció la ausencia de «órdenes de servicio» durante el 2025, herramientas administrativas que permiten descontar el pago a la empresa cuando el camión no pasa o el barrido es deficiente.
«Lo que no se ve, no se siente. Si no hay controles, no nos podemos comparar con otros servicios. Falta control a la hora de cuidar el pesito que pone el contribuyente», enfatizó.
Finalmente, declaró sobre la situación del Cementerio local, donde recientemente se produjo el colapso de parte de un techo. Desde el bloque de Miranda, junto a la concejal Paulici, ya habían solicitado informes el año pasado sobre el deterioro de la mampostería. «Es una de las pequeñas deudas internas que hay que terminar de acomodar; la gente necesita visitar a sus seres queridos en un lugar seguro», concluyó.
Sobre el ajuste fiscal y de personal mencionado por el intendente en su discurso, Miranda se mostró escéptico y pidió «arremangarse más» en la gestión diaria: «Siempre se puede cambiar cuando hay voluntad».
Fuente: LV16
