La Cámara de Diputados debatirá en los primeros días de agosto la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, con la que el oficialismo busca sumar contribuyentes para blanquear los dólares que quedan fuera del sistema financiero. La Libertad Avanza necesita el respaldo de los bloques dialoguistas para destrabar la iniciativa: con 95 legisladores propios, debe sumar 34 votos más para reunir los 129 que habilitan el recinto. Las negociaciones quedarán en manos de Martín Menem, junto a Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, al frente de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal.
El proyecto amplía el régimen simplificado de ganancias, hoy reservado a quienes superan ingresos de mil millones de pesos y un patrimonio de 10.000 millones, y eleva del 15% al 30% el margen de discrepancia entre ingresos y bienes declarados que habilita revisiones de ARCA, un cambio que relaja los controles vigentes.
El punto de mayor tensión pasa por Unión por la Patria, que condiciona su discusión a que se prohíba el acceso al régimen a los funcionarios públicos «políticamente expuestos», según la iniciativa del diputado Eduardo Valdés. El reclamo se potenció tras el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien usó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada, un episodio que puso en discusión el uso de la norma por parte de dirigentes con acceso al poder.
