La profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país está golpeando con crudeza el sistema de salud, y el eslabón más débil vuelve a ser el de los jubilados. En localidades del interior como Santiago Temple, la situación con las prestaciones de PAMI ha llegado a un punto de quiebre, obligando a las autoridades locales a alzar la voz ante lo que consideran un virtual abandono de los pacientes.
El intendente de Santiago Temple, Marcos Ferace, expuso la gravedad del panorama y describió la situación sanitaria como “muy difícil”. A la falta de respuestas de la obra social nacional se le suma la fuerte caída en la coparticipación, lo que asfixia a los municipios que intentan cubrir los baches que deja el Estado Nacional.
El impacto del desfinanciamiento de PAMI se refleja en números alarmantes. Ferace reveló que durante los meses de enero y febrero, los traslados de pacientes a otras localidades para recibir atención médica aumentaron un 200%. Además, conseguir una cita con un especialista se ha convertido en una odisea para los adultos mayores: las demoras ya alcanzan los tres meses, una espera que en cuestiones de salud puede ser fatal.
Pero el costado más dramático de esta crisis recae sobre los pacientes con enfermedades graves. “Un paciente oncológico hace dos meses que no está recibiendo la medicación”, advirtió el intendente, dejando en evidencia el peligro inminente que significa la interrupción prolongada de tratamientos de alta complejidad por trabas burocráticas o falta de fondos.
Reclamo conjunto de intendentes
Ante el silencio de la delegación del PAMI en Córdoba, a donde ya se han elevado múltiples solicitudes sin éxito, Ferace adelantó que varios intendentes de la región se están organizando para presentar un reclamo conjunto y formal ante el Gobierno Nacional.
La realidad que atraviesa Santiago Temple no es un caso aislado, sino el reflejo de una crisis que se replica a lo largo y ancho de la provincia. Con el incremento de patologías propias de la época y una capacidad de atención cada vez más reducida, los jefes comunales exigen una intervención urgente del Estado Nacional antes de que el colapso del sistema le cueste la vida a los jubilados.
