En los últimos tiempos una serie de denuncias difundidas a través de redes sociales en contra del gobernador, la vicegobernadora, ministros y funcionarios; comenzaron a preocupar profundamente en los niveles más importantes del Panal, el Centro Cívico de la provincia.
Es notable que si bien insisten en asegurar que los hechos que se les atribuyen son falsos y sin fundamentos, el tema ha ido en crecimiento y pasó del comentario informal a generar profunda preocupación en algunos y formar parte de la agenda cotidiana.
Otro dato que llama la atención es que en ningún caso las reiteradas denuncias han provocado ninguna investigación judicial, o al menos no trascendió información al respecto, cuando era de imaginar que las acusaciones de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y otros delitos mencionados deberían haber sido al menos objeto de investigaciones de oficio.
Es cierto también que las denuncias no indican necesariamente responsabilidades ciertas, que las redes sociales no son ámbitos que implique seriedad por si mismos y que, aunque también hay algunas denuncias periodísticas, quien tiene palabra autorizada en estos temas es solamente la justicia; pero el hecho no deja de ser llamativa por la trascendencia pública.
El tema es llamativo, hay quienes explican las insistentes denuncias en motivos políticos, otros creen ver argumentos ideológicos y hay quienes simplemente advierten mala intención, sin embargo, en todos los casos, quienes tienen cierta cercanía con los funcionarios señalados se sorprenden por el impacto que les provocan las denuncias, aún a sabiendas que son de escasa trascendencia y menos proyección porque provienen de denunciantes poco creíbles y con escazo nivel de seguidores. Quizás sea la proximidad electoral que comienza a notarse.
