Este miércoles 22 de julio confluyen en Córdoba y en todo el país distintas medidas de fuerza y movilizaciones que combinan el rechazo a las políticas del Gobierno nacional con conflictos salariales locales de larga data. La CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y organizaciones de jubilados marchan al Congreso en Buenos Aires, mientras que en Córdoba capital la CGT, la CGT Regional y las dos CTA se movilizan junto a jubilados y la UTEP desde las 11.30, según lo resuelto por el Movimiento Obrero Unido de Córdoba. La convocatoria marca el reinicio del plan de lucha sindical tras el receso por el Mundial de Fútbol 2026 y ya tiene continuidad prevista para el 7 de agosto en San Cayetano, con la posibilidad de un paro general si no hay respuestas del Gobierno nacional.
El Frente de Organizaciones en Lucha también se suma a la jornada nacional, con una concentración a las 8.30 en Humberto Primo y General Paz, bajo la consigna «En defensa del trabajo y la seguridad social». La organización reivindica su identidad como trabajadores de la economía popular y rechaza el desmantelamiento de programas históricos por parte del Gobierno nacional sin una alternativa superadora. Entre sus reclamos puntuales, exige a la Provincia la urgente implementación del 5% de sus compras y contrataciones destinado a la economía popular, además de políticas de acceso al trabajo para las cooperativas sociales y el rechazo a la eliminación del VAT (Valor de Acceso al Trabajo) sin alternativas superadoras.
En paralelo, el sector de la salud privada también está de paro. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Córdoba, inició hoy una medida de fuerza de 24 horas en las clínicas Aconcagua, Santo Tomás y en el laboratorio Biolab, pertenecientes al grupo empresario COSEME, tras el fracaso de una mediación en la Secretaría de Trabajo provincial. El gremio garantiza atención de urgencias y emergencias durante toda la jornada. Se trata de una escalada de un conflicto que ya había motivado paros de 48 horas durante el mes de mayo, por deudas salariales y el no pago de sumas no remunerativas correspondientes a 2025 y 2026, que las empresas atribuyen en parte a atrasos de financiamiento de obras sociales como APROSS y PAMI.
El ámbito judicial también atraviesa un momento de máxima tensión. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial ratificó un paro de 60 horas que rige desde este mediodía, tras el cierre de la feria judicial y el rechazo de la última oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia. El reclamo incluye la equiparación con el fuero federal, una recomposición por encima de la inflación y la reducción de los aportes extraordinarios que la Ley de Equidad Jubilatoria exige para sostener la Caja de Jubilaciones provincial. Desde el gremio ya anticiparon un segundo paro de 60 horas para la semana próxima si no logran una respuesta favorable.
A este panorama se suma la situación de los trabajadores bancarios. Las cinco seccionales de la Asociación Bancaria de Córdoba, que abarcan Capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Marcos Juárez, se declararon en estado de alerta y movilización contra las autoridades del Banco de Córdoba, a quienes acusan de incumplir compromisos vinculados al pase a planta permanente de personal contratado, la precarización laboral mediante tercerizaciones y el deterioro de las condiciones de trabajo. El gremio anunció el inicio de un plan de lucha con asambleas y medidas progresivas, aunque no adhirió al comunicado conjunto que otros sindicatos estatales emitieron esta semana en torno al reclamo por la Caja de Jubilaciones y los descuentos de Bancor.
Ese comunicado conjunto, en tanto, expuso diferencias dentro del propio frente sindical estatal cordobés. Cinco gremios, entre ellos la UEPC y el SEP, reclamaron a la Provincia flexibilizar el ajuste previsional y revisar los descuentos que aplica Bancor a los morosos con la Caja, en momentos en que el gobernador Martín Llaryora avanza en un anuncio para atenuar la emergencia previsional. Sin embargo, Bancarios, Luz y Fuerza Capital, el Suoem y Judiciales no acompañaron esa presentación y evalúan medidas propias, lo que dejó al descubierto matices entre los catorce sindicatos que en un primer momento habían fijado una postura unánime.
Por fuera del ámbito estatal, el conflicto en torno a PAMI continúa latente. Las últimas protestas de ATE junto a jubilados en distintas sedes de la provincia, entre ellas Villa Carlos Paz, Río Cuarto y San Francisco, reclamaron en mayo el freno al vaciamiento del organismo y advirtieron sobre demoras en turnos y faltantes de insumos, un malestar que sigue señalado como uno de los trasfondos del actual conflicto en el sector salud.
