Vecinos y concejales opositores buscan frenar la ordenanza que permite instalar portones en barrios por seguridad, presentaron un recurso de amparo para frenar la aplicación de la medida impulsada por el intendente del PRO, Pablo Cornet.
Julio Loza, concejal de “Elegí Villa Allende”, explicó los fundamentos de la presentación judicial: «El amparo se basa en dos afectaciones de derechos constitucionales. Uno es el derecho a la libre circulación y el otro es a la restricción indebida a los que se pueden oponer a este programa de seguridad».
El recurso fue presentado ante la Cámara Contenciosa Administrativa N.° 1 y contempla una medida cautelar que podría suspender la ordenanza, ya que el debate no es sobre la inseguridad, sino sobre los métodos elegidos: “Estamos todos de acuerdo en luchar contra la inseguridad. El desacuerdo es en la forma, porque si para gobernar hay que afectar garantías constitucionales hay algo equivocado”.
Los vecinos y la oposición sostienen que no existe evidencia para justificar la ubicación de los portones. “No hay ningún fundamento para decir dónde se colocarán los portones. El intendente dice que los delincuentes que asolan Villa Allende vienen de Córdoba y Saldán, y no hay ningún dato fáctico”, expresó Loza.
Además, cuestionó el diagnóstico de inseguridad en el que se basa el proyecto: “Ellos mismos acompañaron un informe de la Fiscalía General que da cuenta de un pico delictivo en 2023, pero que bajó en 2024 (…) tampoco hay ningún mapa de delitos que determine que en esas zonas se cometieron delitos contra la propiedad o graves”.
“La seguridad requiere planificación. Hay que ponerse a estudiar en serio un plan de seguridad. Un gobernante no está para destinar dinero para un experimento”, señaló el concejal.
