La Agrupación Radical Mario Abel Amaya, organización representante de los trabajadores radicales de la Municipalidad de Córdoba, reclamó al Tribunal de Conducta partidario que evalúe «la conducta pública y política del diputado Luis Picat, afiliado a nuestra gloriosa Unión Cívica Radical, quien, con su accionar reciente, ha atentado de manera directa contra los principios y valores fundamentales que nos rigen, así como contra la confianza que este partido ha depositado en él como representante de los intereses de la ciudadanía y, en particular, de las jubiladas y jubilados nacionales, un sector históricamente amparado por nuestra fuerza política».
«En una muestra flagrante de inconsistencia y falta de compromiso con los más vulnerables, el diputado Picat, traicionando la confianza de quienes depositaron en él sus esperanzas, cambió su voto, agravado por el hecho de que el voto fue emitido en abierta contradicción con la postura oficial de nuestro partido y, más gravemente, en desmedro de uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad: las jubiladas y jubilados nacionales. La negativa del diputado Picat no solo vulnera los derechos de miles de personas que confiaban en el accionar responsable de sus representantes, sino que además dilapida los principios de solidaridad y justicia que nos identifican como fuerza política» dicen los trabajadores radicales en su presentación.
El reclamo concreto es el de «falta de disciplina partidaria», «contraria a los principios partidarios»; y el argumento es que «Este comportamiento es incompatible con los ideales que nos definen como radicales».
Los trabajadores municipales radicales aseguran que «La gravedad de este asunto no puede ser subestimada. El cambio de postura de Picat no es un mero acto político, sino una traición a los ideales del radicalismo y a los principios que fundamentan nuestra lucha histórica. Al votar en favor del veto presidencial, Picat se convierte en un instrumento de políticas regresivas que agravan la situación de precariedad de miles de jubiladas y jubilados que ya sufren las consecuencias de un sistema económico que los relega y desatiende. Este Tribunal tiene en sus manos la responsabilidad de defender el honor y la coherencia del partido, sancionando a quien, con su accionar, ha puesto en entredicho nuestra lealtad a los sectores más necesitados de la sociedad».
Las sanciones reclamadas en la presentación son: «proporcional a la gravedad de los hechos, podrían incluir la inhabilitación para ocupar cargos partidarios y electivos por un período determinado, o incluso, si así lo estimare pertinente el Tribunal, la expulsión definitiva del diputado Picat de nuestra organización política, de conformidad con el artículo 59 inciso h) de la Carta Orgánica».
