El grito Ni Una Menos, lanzado desde Argentina y extendido como marea en distintas regiones del mundo reclamando políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia femicida, llega este jueves a su sexto aniversario con avances y pendientes que son analizados por mujeres que atravesaron situaciones de violencia y familiares de víctimas de femicidios.
Las últimas cifras oficiales sobre femicidios, difundidas el fin de semana por la Oficina de la Mujer de la Corte, revelan que el año pasado hubo 251 víctimas, es decir, hubo al menos 251 hombres que mataron mujeres y trans travestis.
El Registro Nacional de Femicidios fue uno de los reclamos escuchados en la Plaza del Congreso el 3 de junio del 2015, inicio del Ni Una Menos, y uno de los primeros en concretarse en política pública.
Pero los femicidios no bajan en país.
«La respuesta estatal ante la violencia de género fue insuficiente. A las mujeres nos siguen matando solo por el hecho de ser mujeres», es la primera conclusión de la comunicadora Ana Correa cuando hace un balance a Télam de los seis años transcurridos desde el primer Ni Una Menos, movimiento del cual fue una de las impulsoras.
El programa Acompañar
Para frenar a los femicidas es necesario dar respuestas concretas a las mujeres en situación de violencia de género, y en ese contexto el programa Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, implementado en septiembre del año pasado, es un avance.
Acompañar brinda ayuda económica equivalente a un salario mínimo, durante un plazo de seis meses, y acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en situación grave de violencia de género.
No requiere de denuncia judicial, una de las novedades que potencian esta política que necesita de la articulación entre la Nación y los gobiernos provinciales y municipales para que sea efectiva.
A partir del femicidio de Úrsula «empezó a haber un diálogo muy productivo con ciertos sectores de los poderes judiciales que, al menos durante el año pasado, no se habían podido llevar adelante», dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizaberth Gómez Acorta; se refiere al crimen de Úrsula Bahillo, asesinada por su novio Matías Martínez, policía bonaerense, a pesar de que ella había realizado varias denuncias.
El femicidio de Úrsula también derivó en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.
Las mujeres asesinadas generan políticas públicas, como la Ley Micaela, que lleva el nombre de la joven entrerriana que mató Sebastián Wagner en 2017.
Esta norma que fija la obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género a los tres poderes del Estado es destacada por Correa como «un enorme avance pero es importante que no perdamos de vista que es el punto de partida, no de llegada. Sobran ejemplos de capacitaciones tomadas o dadas por quienes luego se comportan en sus ámbitos con actitudes de violencia patriarcal».
Otro progreso que señala la profesional es la Ley 27210 que creó el cuerpo de abogadas y abogados para patrocinar a las víctimas de violencia de género en todo el país «pero aun no está implementada cabalmente».
«Una deuda pendiente es la falta de seguimiento de las denuncias al 144, o el monitoreo insuficiente de todas las denuncias que no son tenidas en cuenta y terminan en femicidios», añade.
El impacto de Ni Una Menos se extendió a las pantallas. Surgieron series y películas nacionales como «Cada 30 Horas», «Monzón» y «Crímenes de familia», producciones que evidencian una mirada más cercana a la perspectiva de género sobre la temática, histórica y generalmente representada con naturalidad y sin intenciones de problematizarla.
En «#NiUnaMenos: cuando el cine y la TV nacionales posan la mirada sobre la violencia de género» hay un análisis sobre ficción y violencia de género con títulos para ver y anticipos de lo que viene.
A 6 años del grito colectivo, una frase de la dirigente de la UTT, Carolina Rodríguez es el mejor epílogo para seguir trabajando por lo pendiente: «Me valoro yo misma, siento que valgo, sufrí todas las violencias, me arruinaron la infancia y mi juventud no la disfruté, pero quiero decir que se puede salir. Yo salí y hoy día soy libre».
Por primera vez se conmemora el Ni Una Menos con aborto legal
El sexto aniversario de la convocatoria Ni Una Menos, que surgió en la Argentina y se extendió a distintas regiones del mundo, se conmemora por primera vez con el derecho garantizado a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en al país, gracias a la ley sancionada en diciembre último por impulso de los movimientos de mujeres y de las disidencias.
El debate por la legalización del aborto que logró la Ley 27.610 de IVE, tiene una cronología impulsada y sostenida por las organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+, en un entramado único en el mundo que confluye en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La Campaña surgió de otro espacio que no reconoce antecedentes en otros países: el Encuentro Nacional de Mujeres que ya lleva 35 ediciones.
Estos dos movimientos feministas son la siembra histórica que dio sus frutos el 3 de junio del 2015 con la masividad en las calles y en la agenda periodística del pedido colectivo Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
La violencia de la ilegalidad del aborto, que impulsaba la clandestinidad de la práctica generando la muerte de mujeres o la mutilación de sus cuerpos, cerró un ciclo en el país con la sanción de la Ley IVE.
En ese proceso, la presentación que hizo el último viernes el Ministerio de Salud de un protocolo que brinda herramientas concretas para realizar la IVE y la interrupción legal del embarazo (ILE), fue otro corolario al largo proceso de lucha feminista.
El Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo «estandariza las buenas prácticas en términos de atención clínica integral que es propia de los saberes de la salud, con la finalidad de despejar dudas acerca de los cursos de acción terapéutica que sanitariamente se abren como opción frente a una interrupción de embarazo autorizada por la ley», destacó , la abogada Soledad Deza.
Deza, abogada feminista y presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, valoró la ley 27.610 «que fija los principios rectores para reflejar los derechos de pacientes y las responsabilidades médicas ya estaban también expresados en la ley».
En cuanto a la objeción de conciencia, la profesional consideró que «está debidamente explicada en su funcionamiento ético saludable para no afectar a las usuarias».
Consideró el documento oficial «valioso, siempre que la ciudadanía y los equipos de salud entiendan que el derecho a decidir abortar no sale de un Protocolo y que las obligaciones sanitarias son las que rigen para cualquier prestación médica lícita, así evitamos confusiones sociales y jurídicas que ya ocurrieron».
Deza, abogada feminista y presidenta de la organización Mujeres x Mujeres, valoró la ley 27.610 «que fija los principios rectores para reflejar los derechos de pacientes y las responsabilidades médicas ya estaban también expresados en la ley».
En cuanto a la objeción de conciencia, la profesional consideró que «está debidamente explicada en su funcionamiento ético saludable para no afectar a las usuarias».
Consideró el documento oficial «valioso, siempre que la ciudadanía y los equipos de salud entiendan que el derecho a decidir abortar no sale de un Protocolo y que las obligaciones sanitarias son las que rigen para cualquier prestación médica lícita, así evitamos confusiones sociales y jurídicas que ya ocurrieron».
