A partir de reiterados hechos de alteración de la paz social que vivió la ciudad de Córdoba durante el año pasado, a raíz de diferentes manifestaciones callejeras protagonizadas por organizaciones políticas, gremiales y sociales, muchos vecinos cordobeses comenzaron a hacer oír sus reclamos, impedidos de trabajar y desarrollar libremente sus tareas cotidianas; por esta razón varios legisladores comenzaron a trabajar en cambios en la normativa vigente que atendiera a las diferentes necesidades legales a los fines de, sin impedir el derecho a peticionar, ordenar estos reclamos callejeros para que no sigan constituyéndose en permanente generadores de caos, principalmente en el centro de Córdoba y sus accesos.
En el ámbito de la Unicameral fueron presentados distintos proyectos que trabajaron sobre las actuales leyes que ordenan tanto la vía pública como actividades que allí se realizan; puntualmente el Legislador Juan Manuel Cid, como representante del oficialismo, se abocó personalmente a hacer avanzar la iniciativa, promoviendo distintas actividades legislativas así como en el ámbito judicial, acercando a las autoridades del área, y también en lo social, dialogando con representantes de gremios, partidos políticos y organizaciones sociales; paralelamente, Cid de Hacemos por Córdoba; y también Dante Rossi y Veronica Garade Panetta de Juntos por el Cambio, presentaron iniciativas que generaron una serie de consultas con los diferentes actores implicados en la problemática, escuchando tanto a especialistas como a vecinos del centro de la ciudad, comerciantes y representantes de diferentes organizaciones que ya de manera habitual se manifiestan por el centro de Córdoba.
Como resultado de este trabajo avanza en la Legislatura provincial, y ya de manera unificada, un proyecto que incorporará nuevas infracciones que ocurren cotidianamente en la provincia, y buscará también dotar de mayores herramientas a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas elementales de convivencia en una comunidad, a través de la incorporación de diversos dispositivos en el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
La nueva normativa propondrá incorporar al Código de Convivencia la sanción por la
alteración o interrupción del normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos, agravando la sanción cuando dicha conducta afectare el paso por avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajeros.
Como novedad, el proyecto en el que se trabaja, incorpora una cuestión de importancia, que los montos recaudados por la aplicación de las sanciones previstas sean destinados a resarcir a los comerciantes, instituciones y actividades laborales perjudicados por dichas conductas, previendo también que la distribución de los fondos mencionados se realizara a través de las diferentes cámaras y entidades que los agrupen.
En otro orden, el proyecto introduce otras reformas destinadas a mejorar la convivencia, la
tranquilidad de las personas y la higiene en los distintos espacios de la provincia. En este sentido, se incorporan sanciones para quienes no cuiden la limpieza de los lugares públicos o privados no habilitados al efecto por la autoridad competente; aunque parezca increíble a esta altura de la vida en sociedad, la nueva norma considera necesario dejar expresado que no se puede realizar en la vía pública acciones como orinar y defecar, y que quien lo hiciera deberá ser sancionado.
Los legisladores que están trabajando en la nueva normativa aclaran también que el derecho de peticionar a las autoridades es un derecho inalienable establecido en la Constitución Nacional, y que también es una realidad incontrastable que los reclamos que pretendan hacerse a las autoridades de cualquier orden (nacional, provincial o municipal) no deben cercenar irrazonablemente otros derechos también garantizados (la libre circulación, el derecho a trabajar, etc.), razón por la cual no existe colisión de derechos de ninguna especie, dado que nadie podría sensatamente cuestionar la licitud de circular normalmente por la vía pública, la posibilidad de ir a trabajar, etc. A la inversa, ninguna norma consagra derecho alguno a interrumpir o demorar arbitrariamente el tránsito ni a alterar la paz social.
