Hace dos meses el Legislador Juan Manuel Cid presentó un proyecto de Ley en la Legislatura de la provincia de Córdoba que establece una serie de modificaciones a la normativa vigente para sancionar las protestas callejeras que atenten contra la paz social, «el derecho a reclamar es igual al de trabajar sin ser molestado» expresó Cid cuando fundamentó su proyecto.
Esta idea plasmada en proyecto legislativo volvió a tomar mucha fuerza por estos días a partir, nuevamente, de la imagen de Córdoba teñida por movilizaciones, manifestaciones y cortes de calles.
En ese marco Cid volvió a reclamar, «Esto debe cambiar, no se puede más vivir así. Es urgente buscar una solución, una salida a esta realidad que afecta a miles de trabajadores», dijo, y se preguntó: «¿No habrá llegado el momento de aprobar la Ley?»
«Me solidarizo con los trabajadores que necesitan circular por el centro de la ciudad y con los comerciantes que no pueden ejercer libremente sus actividades. Tenemos el derecho de peticionar y reclamar ante las autoridades, pero también tenemos el derecho a trabajar y a circular; nuestra sociedad aspira a una sana convivencia.» dijo el Legislador provincial.
«Están las ideas convertidas en proyecto para que esto no siga ocurriendo. Insisto, es un reclamo unánime de los trabajadores, mi proyecto es un disparador de debate y discusión», reclamó Juan Manuel Cid.
El Proyecto presentado por el Legislador de Hacemos por Córdoba a principios de agosto tomó estado parlamentario, se giró a distintas comisiones y se está tratando de compatibilizar con otros, el Legislador Dante Rossi tiene uno similar, para tratar de lograr un proyecto único que contemple todas las hipótesis.
Cid explicó que no se trata de sancionar «a la señora que participa de una movilización sino a los organizadores, a los que toman lista para quitar planes, a los que los movilizan, porque estas no son movilizaciones espontáneas y se puede individualizar a los responsables».
El Proyecto presentado propone que se incorporen sanciones de Trabajo Comunitario, Multas y Arresto a los manifestantes que atenten contra lo establecido en la Ley, en el articulado destaca el título: «Del respeto a la tranquilidad pública» que refiere a «desordenes, alteraciones e interrupción del tránsito y escándalo público», y propone la incorporación del artículo 80bis que establece que quienes cometan «desórdenes públicos, alteren o interrumpan el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos» serán sancionados con hasta seis días de trabajo comunitario, multas que superan los 57 mil pesos o arresto de hasta tres días.
Prevé también que estas sanciones se eleven al doble si quienes cometen los delitos son «integrantes de los servicios públicos de transporte o empleados o funcionarios públicos»
La Ley define que los montos recaudados por la aplicación de las sanciones previstas serán destinados a resarcir a comerciantes, instituciones y actividades laborales perjudicadas por las conductas sancionadas.
El artículo siete es otro de los destacados porque agiliza la administración de la ley posibilitando la actuación de oficio de jueces y policía, concretamente el artículo dice que «Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio por simple denuncia verbal o escrita ante la policía. Tanto el personal preventor, como cualquier autoridad con competencia para el juzgamiento de contravenciones, así como cualquier juez con competencia, deberán arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos de la contravención cometida. En todos los casos se encontrarán facultados para impartir las directivas que consideren necesarias al personal policial».
- Juan Manuel Cid propone sancionar duramente las manifestaciones Callejeras
