El Poder Judicial dictó a fines de Octubre una orden de restricción de acercamiento contra tres funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz a raíz de una denuncia por violencia laboral y de género que presentó una ex trabajadora municipal.
La medida se refirió al encargado de Vía Pública, Carlos Ceballos, al director de Recursos Humanos, Roberto Buzzurro, y al actual prosecretario legislativo, Roberto Giménez.
La orden establece que tienen prohibido “todo tipo de comunicación” con la denunciante y se les ordena “el cese en los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente” realicen sobre la denunciante, Lucila Reñícoli.
A raíz de esta denuncia, «y de que a la denunciante no lo queda otro recurso» expresó el Concejal Daniel Ribetti, desde el Bloque Juntos por Carlos Paz se reclamó en el Concejo de Representantes «convocar a la titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, a concurrir al recinto para que explique de que manera se está abordando los casos de denuncias contra altos funcionarios.
El objetivo, según explicaron los Concejales opositores, era «Indagar sobre procesos internos para determinar la responsabilidad de los funcionarios denunciados, Evaluar el cumplimiento de los denunciados con la Ley Nacional 27.499 (ley Micaela) e Investigar las medidas tomadas en relación a los denunciados».
Los Concejales opositores denuncian también que hay una intención manifiesta de proteger a los funcionarios denunciados, y ven en la decisión del oficialismo en el Concejo de Representantes de no hacer lugar al pedido opositor el ejemplo de lo que está ocurriendo, «Avilés cierra filas para encubrir a los funcionarios denunciados», aseguran desde el Bloque Juntos por Carlos Paz.
