Fue adelanto de Política Córdoba cuando las primeras notificaciones del «Bono extraordinario» de 3 mil pesos comenzaron a llegar a los pacientes de clínicas y sanatorios de Córdoba «debido a la situación económica que vive el sector» decía el comunicado, como si el resto de la sociedad, incluidos los clientes de los nosocomios privados, no atravesaran por la misma situación.
En realidad se trata de un conflicto entre las clínicas y las empresas prepagas que, por decisión de las primeras, fue trasladado al usuario del sistema de salud privado haciendo que pague a través de este plus lo que le reclaman a las segundas.
Si bien se trata de acuerdos entre privados donde el estado no puede intervenir concurren dos situaciones que si debieran ser materia de intervención estatal, en primer lugar se está vulnerando el derecho a la salud de las personas, ya que la actitud asumida por las clínicas y sanatorio atenta directamente contra las prestaciones asumidas; y en segundo lugar constituyen la ruptura de acuerdos ya establecidos que deja a los cordobeses sin un servicio que ya fue adquirido, y pagado, con anterioridad; insólitamente la Superintendencia de Servicios de Salud pretende que se presente reclamos, de manera individual, y con pruebas que ningún usuario de la salud tiene, porque no entregan servicio por este bono que se cobra de manera inconsulta, y en realidad la única «prueba» que existe son las notificaciones que de manera masiva los establecimientos sanitarios privados enviaron a sus pacientes/clientes.
El atropello decidido por clínicas y sanatorios ingresa en su tercer semana y nadie interviene de manera formal, las «explicaciones» para la decisión tienen que ver con la mala situación que atraviesan los profesionales de la salud, con pagos diferidos y descuentos importantes, situación por de más atendible, que debe ser discutida en los ámbitos que correspondan, pero que de ninguna manera puede ser trasladada a los pacientes, y de la manera que que se lo está haciendo.
La medida es ilegal y debe cesar, primero porque cada prestador tiene un contrato con la obra social o prepaga y este el no cobro de adicionales al usuario; además los usuarios de todas las pre pagas obras sociales también tienen un contrato con estas donde es establece con exactitud si debe pagar co-seguros o extras, lo que deja afuera cualquier pretensión de otro cobro adicional; sin embargo hasta ahora nadie interviene oficialmente, ni las pre pagas en defensa de sus clientes, ni el gobierno para hacer cesar de inmediato esta situación.
La semana que comienza será definitoria para un tema que no puede continuar de esta manera.